Los conductores pagarán durante años el límite de subida del 4% de las autopistas

Pero lo que no se pague ahora se pagará después. Las concesionarias de la red de 1.500 kilómetros de peaje estatales (las principales son Abertis, Itínere, Glovalbía y Ausol), que facturaron alrededor de 1.500 millones de euros en 2019, no están dispuestas a perder la mitad de lo que facturarían en 2023 si se cumpliera con la subida ligada al IPC. Las negociaciones entre el Gobierno y estas empresas ha sido dura durante las últimas semanas y finalmente el Ministerio de Transportes ha establecido una compensación para ellas, pero muy lejos de lo que solicitaban.

En concreto, el Estado subvencionará con una línea de 23,3 millones de euros entre 2023 y 2026 parte de los ingresos que estas concesionarias dejarán de percibir el año que viene por la contención del incremento de los peajes. Así, desde Transportes explican que el acuerdo establece la obligación de que el Estado dote las partidas necesarias para «mitigar parcialmente» la subida entre 2024 y 2026 para que sea escalonada.

Eso sí, a partir de 2027 esta compensación pasará a abonarse directamente por los usuarios de dichas autopistas. Desde ese momento se permitirá una serie de incrementos de las tarifas más allá del IPC de ese año, de forma que a los conductores se les repercutirá el ahorro de este año en incrementos futuros de las tarifas, aunque de forma paulatina.

Desde el Ministerio de Transportes explican que la subida de tarifas será «acumulativa», es decir, el usuario terminará pagando la diferencia que no abona en 2023 pero poco a poco para que ese elevado incremento de los peajes que podría haberse producido a partir del 1 de enero sin acuerdo entre las concesionarias y el Gobierno se repercuta diluido en el tiempo y pueda ser asumido «en mejores condiciones por los ciudadanos», señalan.

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se detalla que a partir de 2024 se reducirá progresivamente el porcentaje de compensación asumido por el Ministerio de Transportes a las concesionarias. Pero este importe se irá fijando a propuesta del Gobierno antes del 1 de enero de cada año y «como máximo antes del 31 de diciembre de 2026 deberá quedar suprimida esta subvención».

El decreto establece además que a partir de 2023 las concesionarias tendrán que remitir al Gobierno en los primeros quince días de cada trimestre un informe de los tránsitos que se hayan producido en el trimestre anterior, indicando ingresos por peaje y los que habrían percibido si no se hubiera aplicado este límite del 4%. Con esta información, el Ministerio de Transportes calculará la compensación para cada sociedad, a la que se sumarán los intereses devengados desde el día 16 del segundo mes hasta la fecha de pago, calculados al tipo de interés legal del dinero, detalla el BOE.

Esta será la primera vez que el Gobierno no aplique la revalorización de los peajes de acuerdo al IPC desde que en 2002 se aprobara este sistema. La subida más alta de los últimos años se dio en 2007, cuando de acuerdo a la inflación media de 2006 las tarifas subieron un 4,5%. Muy por debajo han estado las subidas de los últimos años, con un 1,97% en 2022, un 0,11% en 2021, un 0,84% en 2020 o un 1,2% en 2019.