¿Compensa pleitear por los conflictos bancarios?

A la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), conocida el martes, sobre el indicador IRPH (Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios) se sumó dos días después el fallo del Tribunal Supremo sobre una tarjeta 'revolving' de Wizink Bank. Dos palos a la banca. Y como en otras ocasiones, con el mismo rapapolvo: fallos en el proceso de venta de los préstamos o concesión «irresponsable» de créditos a través de las tarjetas con intereses «usureros», según el Supremo.

Ahora se abre la puerta a que los afectados puedan interponer demandas y pleitear ante sus bancos. Así lo reconocen las entidades tanto en el caso del IRPH como en el de las 'revolving'. Algunas han comenzado a tomar medidas de compensación a cambio de que sus clientes no vayan a juicio. Porque todas se encuentran preparadas para otro periplo judicial, aunque oficialmente confían en que no tengan por qué afectarles y minimizan las posibilidades de éxito de quienes acudan al juzgado. Jesús Sánchez, abogado del Colegio de la Abogacía de Barcelona, lo tiene claro: «Cualquier persona que se considere perjudicada, tiene que acudir» a la Justicia. «Y está en su derecho», añade este experto en consumo financiero.

Pero ¿y si después de todo el laberinto judicial no me dan la razón? He ahí la duda que frena a miles de afectados a la hora de pleitear. El caso de las cláusulas suelos es paradigmático en este sentido: cuando a finales de 2016 la Corte de Luxemburgo avaló la retroactividad en la devolución del dinero cobrado de más por la limitación de los intereses, el Banco deEspaña calculó que las entidades españolas tendrían que reintegrar unos 4.200 millones de euros. Pero a esta cifra se llegaría si todos los afectados reclamasen y si todas las clausulas suelo fuesen declaradas nulas. Tres años después de que se pusiera en marcha el mecanismo extrajudicial para evitar el colapso de demandas los bancos afectados han desembolsado unos 2.370 millones de euros. Esto es, un 56% de aquella estimación.

En esta cuantía no se encuentran incluidas todas las sentencias de los clientes que prefirieron ir a juicio y que están ganando a las entidades por los 'suelos'. Desde que el 1 de julio de 2017 se pusieron en marcha los juzgados especializados, el 96,9% de los fallos dictados han sido favorables al ciudadano. Esto es, en más de 192.000 casos. A unos 4.500 euros por trámite (es la devolución media extraída del mecanismo extrajudicial), las entidades han desembolsado por sentencias contrarias otros 864 millones. Otra cuantía que también es inferior a los cálculos máximos previstos en su momento.

El presidente de Adicae, Manuel Pardos, sostiene que «hasta un 80% de los potenciales afectados se quedan en casa». Y que esa actitud «le viene muy bien a la banca que evita un impacto mayor por sus malas prácticas». Pardos considera que las entidades «prefieren que las demandas les lleguen de una en una, lo que supone una mayor dificultad» para el consumidor doméstico.

El abogado Jesús Sánchez, quien se queja de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal «no incluye un sistema de acciones colectivas» para que se solucionen este tipo de casos. Lo que descarta el Ministerio de Economía es un sistema de arbitraje similar al de las cláusulas suelo para gestionar las demandas que puedan llegar y evitar así otro colapso en los juzgados.