Las compañías afectadas alertan del impacto en clientes e inversores

El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, lamentaba ayer que el impuesto «estigmatiza al sector» y ha avisado de que, independientemente a quién afecte, la inflación no se combate con tributos. Así lo ha señalado durante la presentación de resultados del semestre, periodo en el que Santander ha ganado 4.894 millones de euros, un 33% más que en el mismo periodo de 2021.

El ejecutivo considera que el objetivo de recaudación de 3.000 millones de euros en dos años que pretende el Gobierno, restará al sector capacidad para prestar alrededor de 50.000 millones. A su parecer, con esos 3.000 millones la banca puede prestar 50.000 millones a la economía. «Es una cuenta. Ese capital resta capacidad para prestar por un importe de 50.000 millones de euros. Las dinámicas del mercado serán las que tengan que ser», ha apuntado Álvarez, para avisar de que los primeros que podrían sufrir por el impuesto son los accionistas, y la economía.

En ese sentido se pronunciaron también las patronales bancarias AEBy CECA, donde consideran que es una medida que no logrará el objetivo de combatir la inflación y, además, entorpecerá la recuperación y la creación de empleo.

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha sostenido que el impuesto «debe ser neutral desde un punto de vista de competencia» y ha advertido de que los afectados serán en su gran mayoría pequeños ahorradores. La entidad ha ganado 393 millones de euros hasta junio, un 78,6% más.

El ejecutivo ve «imprescindible» que el hecho imponible respete el marco de competencia entre entidades, de manera que no favorezca a ninguna entidad ni por excluir a algunas del pago del impuesto ni por definir un método de pago que perjudique a algunas entidades frente a otras.

Ha detallado que el 50% de Sabadell está en manos de 224.000 accionistas particulares con una inversión mediana de 1.950 euros cada uno, lo que significa que «en su gran mayoría son pequeños ahorradores». González-Bueno también ha destacado la carga impositiva soportada por el sector, que en su caso supera los 800 millones de euros.

En el caso de Repsol, su consejero delegado, Josu Jon Imaz, ha negado que la petrolera reciba 'beneficios caídos del cielo' por su actividad en el actual contexto de precios alcistas de la energía y ha asegurado que hará «todo lo posible» para luchar contra cualquier iniciativa «arbitraria».

Imaz aseguró que «no tiene ninguna duda» de que el marco constitucional y jurídico, tanto de la Unión Europea como de España, va a proteger a Repsol de cualquier «posible iniciativa arbitraria o de medidas arbitrarias».

La compañía ha obtenido un beneficio neto de 2.539 millones de euros en el primer semestre del año, tras duplicar las ganancias del año pasado, impulsada por el alza en los precios de los hidrocarburos y de los márgenes del refino.

Este miércoles, eléctricas como Endesa e Iberdrola cargaban contra el impuesto. Y ayer, la organización Aelec indicaba que «no está justificado por la existencia de beneficios extraordinarios» ya que las compañías «no están obteniendo estos beneficios por el conjunto de medidas aprobadas hasta la fecha».