La CNMV advierte del «riesgo reputacional» de la investigación a Iberdrola

Se trata de la primera referencia pública realizada en torno a la imputación de Galán en el 'caso Villarejo'. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se limitó a indicar el jueves a apuntar tras el Consejo extraordinario de Ministros que «hay que respetar a la Justicia, pero cuanto antes volvamos a recuperar el vigor que tiene esta empresa en Bolsa pues mucho mejor».

Las palabras de Montero no eran baladíes al referirse a la cotización de la energética. En la última semana, se ha dejado más de un 3% de su valor, con caídas como la de este viernes, cercana al 1%, convirtiéndose en el 'farolillo rojo' del mercado bursátil. El día en el que la Audiencia Nacional imputó a Ignacio Galán, los títulos cayeron más de un 3%.

En todo este contexto judicial, el responsable de la CNMV ha recordado que hace ya casi dos años, en noviembre de 2019, el supervisor fue «relativamente contundente» a la hora de responder a situaciones similares. Se refiere a la respuesta del organismo tras la imputación por parte de la Audiencia Nacional de Francisco González, expresidente del BBVA, por presuntos pagos al excomisario José Manuel Villarejo. Entonces ya señalaron el «desgaste reputacional» que estas situaciones pueden suponer para las compañías, pero también del «riesgo diferido» sobre todo el sector, un mensaje que, ahora, ha dicho sigue vigente para esta ocasión «palabra por palabra».

En todo caso, ha señalado que las recomendaciones del código de buenas prácticas para estas situaciones contemplan el análisis de esta situación e informar el mercado de las actuaciones que puedan ser necesario acometer. La mayor parte de compañías tienen estándares éticos tan elevados como en otros países pero que, cuando se hacen necesario recurrir a estas medidas es importante que se cumplan y se llevan a cabo, garantizando la transparencia de información.

No es a la CNMV al organismo que le corresponde pronunciarse sobre la adecuación de conductas, la continuidad de los directivos o la composición de los consejos, según Buenaventura. «Eso corresponde a las sociedades cotizadas y a sus dueños», ha indicado.

Por otra parte, la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha abierto una investigación sobre el fichaje de la española Emma Navarro por Iberdrola España tres meses después de dejar el cargo como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para evaluar la existencia de un posible conflicto de interés.

La investigación se centrará en analizar la gestión que hizo el BEI para autorizar la llegada de la española a una compañía energética que «había recibido préstamos» de la entidad , ha subrayado la oficina de la irlandesa en un comunicado.

En este contexto, la Defensora del Pueblo Europeo ha remitido una carta al presidente del BEI, Werner Hoyer, en la que le informa de que la investigación examinará las «normas éticas» de la entidad y también solicita «los documentos del BEI sobre su decisión de aprobar» el fichaje de Navarro por Iberdrola.