La UE cierra tras más dos años de negociaciones un acuerdo «histórico» para reformar la PAC

Una arquitectura para el periodo 2023-2027 que se va a apoyar en el desarrollo de planes estratégicos nacionales bajo la supervisión de Bruselas, que deberán cumplir con parámetros de transformación digital, preservación del medio ambiente, igualdad de género y relevo generacional. El Gobierno central buscará la coordinación con las Comunidades Autónomas la próxima primavera con intención de poder presentar el plan estratégico «como muy tarde a finales del próximo año», ha explicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en una videoconferencia al término del Consejo.

Luis Planas ha insistido en el carácter «histórico» del pacto alcanzado tras «más de 42 horas» de intensos debates. El compromiso logrado entra ahora en una nueva fase: la de la negociación a tres bandas (Consejo, Parlamento y Comisión Europea) con el objetivo de que se publique en el Diario Oficial de la UE a principios del próximo año. Alemania, al frente de la presidencia de turno de la UE, ha conseguido la aprobación del último texto por mayoría cualificada.

El acuerdo establece que los agricultores recibirán ayuda financiera con la condición de que adopten prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Aquellos que superen los requisitos básicos obtendrían un mayor respaldo mediante la introducción de «planes ecológicos». Estos nuevos instrumentos, también conocidos como 'ecoesquemas' se otorgarían como pagos directos para los que se reserva en torno a un 20% del presupuesto, aunque ya en el debate parlamentario que se está celebrando esta semana, se ha abogado por un porcentaje superior, del 30%.

Se establece, además, un periodo transitorio de dos años para garantizar que los estados miembros no pierdan los fondos «mientras se familiarizan con los nuevos instrumentos». Los 'ecoesquemas' estarían orientados hacia la agricultura de precisión, la agrosilvicultura y la agricultura orgánica, aunque el compromiso alcanzado da a los estados miembros libertad para diseñar sus propios instrumentos en función de sus necesidades.

Todos los agricultores estarán sujetos a normas medioambientales más estrictas; incluso los más pequeños. Para ayudarlos en esta transición ecológica, los pequeños agricultores estarían sujetos a controles más simplificados, reduciendo la carga administrativa y asegurando su contribución a los objetivos ambientales y climáticos.

El presupuesto de la nueva PAC europea rondará los 390.000 millones; de ellos 47.724 le corresponden a España (47.500 fue la cantidad asignada hasta 2020). El grueso, más de 34.000 millones llegarán del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y la cuantía restante (7.800 millones de euros), del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

«Es una cantidad más que suficiente para responder a los retos de sostenibilidad económica, innovación, digitalización, lucha contra el cambio climático, preservación del medio ambiente, igualdad de género y el relevo generacional porque en España, dos tercios de la población activa en el sector primario tiene más de 55 años», ha explicado el responsable de Agricultura, Pesca y Alimentación.

España está satisfecha con el compromiso alcanzado, ha remarcado Planas, durante la conexión telemática con un reducido grupo de periodistas. De hecho, ha resaltado que la propuesta de la presidencia alemana «parecía haberlo escrito España. Era el mismo esquema que llevé en noviembre de 2018 como propuesta de la nueva PAC». Plantea un «equilibrio razonable», añade, en relación con ese 20% de reserva presupuestaria volcado hacia el impulso extra medioambiental y que a buen seguro encontrará reticencias (por excesivamente ajustado) en las negociaciones con el legislativo, que votará esta semana su posición.

En el texto definitivo, a solicitud de España y Francia, se incluye también una referencia a la ampliación de los derechos de plantación del viñedo. En la última ronda de discusiones, pasadas las once de la noche, se requirió a la presidencia alemana que modificase las cifras de la reglamentación en vigor, que establece ese límite en 2030. «Lo que se recoge es que se extiendan esos derechos hasta 2040». Un planteamiento que también entrará en el debate con el Parlamento Europeo.