El 58 por ciento de los ayuntamientos burgaleses cumplió con la obligación de comunicar los contratos formalizados

La importancia que cobran estas administraciones queda reflejada en su contratación de bienes y servicios, que, en el año 2018, el último fiscalizado por el Consejo de Cuentas, alcanzó los 20.043 contratos administrativos, por un importe de adjudicación de 195 millones de euros, unos datos que se quedan cortos, porque las cifras se refieren sólo a las 1.947 entidades locales de Castilla y León, seis de cada diez en la Comunidad, que rindieron cuentas.

Estas cifras evidencian la importancia de la administración más próxima y la relevancia de los fondos que permiten inversiones en aquellas actuaciones de primera necesidad para los vecinos, algo que se evidencia también en que los de mayor peso son los contratos de obras y de servicios, en un 95 por ciento de carácter «menor», según establece el informe del Consejo de Cuentas recogido por Ical.

Las entidades locales tienen la obligación de remitir a la institución propia de la comunidad la relación anual de los expedientes formalizados o, en su caso, una certificación negativa. Así, al cierre de 2019 (dentro del plazo marcado), el 41 por ciento del total de estas administración había remitido la información contractual, con un importante descenso con relación al ejercicio anterior de 34 puntos porcentuales.

En el índice de cumplimiento con esta obligación destacan las provincias de Burgos y Segovia. En Burgos el 58 por ciento de los ayuntamientos de la provincia cumple con la obligación de informar sobre la formalización de contratos.

Respecto a la información remitida, destaca también la provincia de Burgos junto con la de León. En Burgos el 90,7 por ciento de los consistorios que envían información comunicaron en 2018 la formalización de contratos.