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Á. blanco / j. a. bravo
VALLADOLID
Jueves, 1 de marzo 2018, 21:00
Un contribuyente castellano y leonés soltero, menor de 65 años y sin hijos que el año pasado solo obtuvo rentas del trabajo por un total de 30.000 euros tributará por el IRPF 51 euros más que un madrileño;si sus ingresos fueron de 45. ... 000 euros, abonará 43 más que un madrileño; si percibió 70.000, entonces pagará 182 euros más que su equivalente madrileño; y si tiene unas rentas de 300.000 o de 600.000 euros, su tributación por el Impuesto de la Renta será de 1.322 o de 2.832 euros más, respectivamente. En todos los supuestos, a partir de 30.000 euros de ingresos Castilla y León tiene el segundo IRPF más bajo, por detrás de la Comunidad de Madrid.
Según se pone de manifiesto en el estudio ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2018’ elaborado por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, ese contribuyente tipo de 30.000 euros de rentas del trabajo pagaría 4.829,64 euros en Madrid y 4.880,55 euros en Castilla y León. En Cataluña, la comunidad con los tipos impositivos más elevados, abonaría 5.102,90 euros. El contribuyente de los 600.000 euros de ingresos tributaría, mientras, 249.525 euros en Madrid y 252.357 en Castilla y León. En los casos de rentas totales de 20.000 euros, la región es la quinta más asequible, por detrás de Madrid, La Rioja, Galicia y la C. Valenciana (35 euros más que el madrileño); mientras que para rentas de 16.000 euros es la tercera más ‘barata’ a la hora de tributar por IRPF (cinco euros más que en Madrid).
El presidente del CGE, Valentín Pich, y el del REAF, Jesús Sanmartin, han abogaron ayer por simplificar y armonizar los impuestos, de forma que se establezca un impuesto tipo por parte del Estado y las comunidades tengan «cierta» potestad normativa. Pich denunció la «oscuridad» en materia impositiva a nivel autonómico, ya que «no hay información transparente y no puede haber competencia», y alertó sobre la falta de un marco regulatorio estándar, al tiempo que hizo hincapié en que hay que conseguir que la financiación autonómica «se pueda entender» ante la complejidad actual, algo de lo que «no tiene culpa el Gobierno», sino que obedece a la «realidad institucional» española. En esta línea, criticó la «teatralidad» y «demagogia» en torno al debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, informa Europa Press.
El hecho es que el ‘látigo’ fiscal de la Generalitat catalana ha convertido este territorio en el peor de España, en términos de presión impositiva, para los estratos más débiles de la población que, a la vez, son mayoría. Tiene los tipos más altos del país en el impuesto de la renta para las rentas medias y bajas, esto es, por debajo de unos ingresos anuales de 30.000 euros y hasta 16.000 euros –quien gana menos de 12.000 está exento en todo el país–.
El informe anual sobre fiscalidad autonómica y foral presentado ayer, en general, sitúa a Cataluña con un IRPF alto en prácticamente todos sus tramos de renta. No obstante, entre 45.000 y 70.000 euros anuales la que grava más a sus ciudadanos es Extremadura, mientras que por encima de esa cantidad lo hace la Comunidad Valenciana.
La primera diferencia negativa para quienes trabajan en Cataluña es que allí el tipo mínimo para dicho impuesto es del 12%, dos puntos y medio más del promedio de las 17 autonomías (9,5%), cuya competencia alcanza la mitad del IRPF, tanto sobre tarifas y algunos mínimos exentos como deducciones y bonificaciones. Incluso en aquellas que superan ese suelo –Andalucía, Aragón, Asturias, Murcia y C. Valenciana–, no llegan a establecer más del 10%.
El resultado es que si tomamos, por ejemplo, un salario anual de 16.000 euros –el más común en España según el INE–, en Cataluña se tendrían que pagar al fisco 1.612 euros (tomando el caso de una persona soltera, sin hijos y menor de 65 años), el 8% más que en la siguiente comunidad con el IRPF más alto (Baleares, con 1.493 euros). En el caso de que los ingresos por ejercicio fueran de 20.000 euros, Hacienda se quedaría en ese territorio con 2.511 euros, casi el 5% más de lo que se abonaría en Aragón y Murcia (2.394 euros en cada una), las siguientes que más gravan ese tramo.
Con solo dos (el ‘Impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, los parques eólicos e instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión’ y el ‘Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos’), Castilla y León es la comunidad que menos tributos propios ha puesto en marcha, junto con Castilla-La Mancha. El informe del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas cuantifica en 82 los impuestos aprobados por las autonomías, de los que 18 corresponden a Cataluña, la que más ha legislado en este sentido.
Con el impuesto medioambiental la Junta recaudó en 2016 un total de 60,25 millones de euros, el 3,1% más que un año antes, y con el impuesto sobre eliminación de residuos ingresó 7,51 millones, el 10% menos. En total, 67,7 millones de euros, que suponen el 1,3% del total de ingresos tributarios de la comunidad. En el conjunto de autonomías, la media es del 2,2%.
Así pues, ocho de cada diez euros recaudados por las comunidades proceden de su parte en los tres grandes impuestos nacionales: IRPF, IVA y tributos especiales sobre carburantes, alcohol y otros. Eso sí, solo en el caso de la renta tienen capacidad normativa. En esta tesitura, y ante la «escasa» fuente de financiación que supone la fiscalidad enteramente regional, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y los autores del informe llegan a hablar de «caos», «marasmo» o incluso «jungla normativa dentro de un modelo «innecesariamente complejo y oscuro». Los expertos del REAF creen que es «exagerada» la utilización de la capacidad normativa, al establecer las autonomías de régimen común hasta 732 tipos, reducciones, deducciones o bonificaciones, sobre todo en el IRPF. Una desmesura que no se compadece con su volumen de ingresos.
En las rentas medias, sin embargo, la diferencia entre lo que se paga en la comunidad con mayor IRPF (Extremadura con 9.822 euros para un sueldo anual de 45.000 euros, y 19.932 euros para unos emolumentos de 70.000 euros) y la segunda de la lista (Murcia con 9.745 euros y Valencia con 19.738 euros, respectivamente) solo es de un punto.
La misma dinámica se repite en los tramos de ingresos mayores, a partir de 110.000 euros. En el extremo contrario, Madrid es la que tiene un impuesto de la renta más bajo para todas las rentas, seguida en los tramos más bajos de Galicia, en los medios de Castilla y León, y en los altos de ambas. Así, una persona que trabaje en aquella comunidad pagaría por IRPF entre cinco y doce puntos menos que en la comunidad más exigente según fuera su salario.
El estudio constata que existe una tendencia generalizada en las comunidades autónomas a rebajar el Impuesto de Sucesiones. En Castilla y León se ha elevado de 250.000 a 400.000 euros el mínimo exento para las herencias de padres a hijos y en el caso de las víctimas del terrorismo o de violencia de género se ha reducido el impuesto al 99%.
Aun así, un soltero de 30 años que herede bienes de su padre por un valor de 800.000 euros y de los que 200.000 correspondan a la vivienda del fallecido abonará por Sucesiones 155.393 euros en Aragón; 103.135 en Asturias y 81.018 en Castilla y León, que es la tercera comunidad más gravosa. Ese mismo soltero abonaría 1.586 en Madrid, 134 euros en Canarias y cero en Andalucía.
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