Castilla y León es la tercera autonomía con menos deuda en poder del Estado

Hace varios años que la Administración central se ha convertido en el primer acreedor de los gobiernos regionales. El problema radica en que, lejos de moderarse esa evolución por la mejora de la economía, el pasivo autonómico en manos estatales no ha parado de crecer. Así, alcanzó casi el 60% (el 58,2%) al cierre del primer trimestre, según los últimos datos publicados por el Banco de España. Tres meses antes era del 57,6% y en 2015 no llegaba al 50% (48,1%).

Por lo que se refiere a Castilla y León, de los 12.114 millones de euros en los que está endeudada, 3.027 los ha recibido del Estado. Suponen la cuarta parte del total y es la cuota más baja por detrás de las de Madrid (5%) y La Rioja (20,4%). Navarra y el País Vasco, con regímenes propios, no participan de los fondos de financiación estatales.

El moderado nivel de dependencia del dinero de aval estatal, no obstante, ha ido a más en tiempos recientes. La Consejería de Economía y Hacienda ha recurrido con intensidad a las facilidades que ofrece el Ministerio de Hacienda en el último trimestre con datos disponibles, en concreto 362 millones del cuarto de 2017 al primero de 2018.

Así, la deuda de Castilla y León con el Estado ha pasado de los 2.665 millones de finales del año pasado a los 3.027 de comienzos de este y el porcentaje de endeudamiento en manos de la Administración con respecto al total se ha incrementado del 22,4% al 25%.

El motivo del continuo incremento del endeudamiento de las comunidades autónomas con el Estado está en los mecanismos de financiación extraordinarios como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o el Fondo de Facilidad Financiera (FFF), a través de los cuales Hacienda inyecta miles de millones a los gobiernos regionales. Unos instrumentos sobre los que cada vez hay más presión para que se terminen y permitan a las autonomías financiarse por sí mismas, gracias al favorable contexto en los mercados por la política monetaria del BCE.

En realidad, la historia de la deuda pública autonómica sigue el mismo guión que la de todas las Administraciones. Antes de la crisis su nivel era moderad o al situarse en los 62.000 millones a finales de 2007. Sin embargo, con la recesión los números rojos empezaron a crecer a gran velocidad y en los tres primeros meses del presente ejercicio alcanzaron los 289.675 millones, es decir, un brutal 367% más que antes de las turbulencias financieras.

La característica de este pasivo es que en su mayoría se debe al Estado, que desde 2012 -el peor momento de la crisis en el que varias regiones tenían imposible salir a los mercados- puso a disposición de las comunidades mecanismos como el citado FLA para costear los servicios básicos, o bien el plan de pago a proveedores para hacer frente a las facturas pendientes. Desde entonces y hasta el primer trimestre del curso actual estos mecanismos han repartido 207.129 millones entre los territorios a un tipo de interés, eso sí, bastante más bajo que el exigido por los inversores. Un dinero facilitado a cambio de cumplir con la ley de estabilidad e ir corrigiendo el desequilibrio presupuestario.

Las comunidades autónomas más beneficiadas por este sistema son precisamente aquellas que se encontraban en una situación económica más delicada por su elevado déficit. Así, Cataluña encabeza la clasificación con 67.256 millones captados a través de estos mecanismos de financiación. Eso supone que el 70% de su deuda está en manos de la administración central. La segunda gran beneficiada es la Comunidad Valenciana con 44.795 millones. En este caso, el pasivo en manos del Estado alcanza el 81,4%, lo que la convierte en la región con más dependencia de la administración central.

Les sigue de cerca Murcia, con el 80,6% de su deuda. También tienen niveles de pasivo muy elevados en posesión de la Administración central comunidades como Andalucía (77,8%); Baleares (75,5%); Castilla-La Mancha (75%) o Cantabria (73,1%).

Precisamente este elevado volumen de deuda ha motivado las exigencias de las comunidades para abordar una reestructuración del pasivo en manos del Estado, ya que la posibilidad de una quita fue rechazada por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Eso sí, el Gobierno aceptó que se bajaran todavía más los intereses y se alargaran los vencimientos.

Esas medidas beneficiarían a todas las comunidades y evitarían las acusaciones de agravio comparativo entre unas y otras. Habrá que ver ahora si la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es partidaria de seguir en esa línea o prefiere ser más ambiciosa.

En cualquier caso, esta reestructuración debería ir acompañada de una reforma del sistema de financiación para evitar que la situación se volviese a reproducir. Las regiones más endeudadas -Castilla y León es la octava que menos adeuda en relación al PIB con una ratio del 21%, frente al 24,7% de media- alegan que las ingentes inyecciones de dinero obedecen a una infrafinanciación por culpa del modelo actual. Sin embargo, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ya avisó de que en la actualidad «no se dan» las condiciones necesarias para la reforma del sistema.

Aun así, cada vez son más las voces que consideran necesario que los mecanismos extraordinarios como el FLA tengan fecha de caducidad. Hasta ahora, el anterior Ejecutivo era reticente a poner punto final a estos programas. Sin embargo, la mayoría de los expertos considera que casi todas las comunidades están ya preparadas para poder salir al mercado y financiarse por su cuenta.

Un estudio reciente de Analistas Financieros Internacional (AFI) estima que salvo Cataluña, C. Valenciana y Murcia, el resto de comunidades podrían dejar de solicitar estos recursos. Por ello apuestan por medidas que desincentiven acudir al FLA mediante el cobro de más intereses, por ejemplo. Pero hasta que ese escenario se produzca el pasivo autonómico en manos del Estado seguirá creciendo.