Castilla y León, séptima región con menos gasto en servicios públicos fundamentales

La caída de los ingresos fiscales durante la crisis impidió a las autonomías proteger los niveles de gasto en estas funciones, pero la intensidad fue distinta entre las diferentes regiones hasta el punto de que en la actualidad solo el País Vasco y Cantabria han recuperado los niveles de 2009. El informe constata, al respecto, que las diferencias en el nivel de gasto público por habitante en servicios esenciales se elevan hasta el 42% entre la comunidad que más recursos destina a estos cometidos (el País Vasco) y la que menos (Canarias). Diferencias que, en algunos casos, se arrastran desde antes de que finalizara el traspaso de competencias a las comunidades autónomas en el año 2002 y que derivan, a juicio de los autores del informe, en fuertes desigualdades entre los territorios en el acceso a los servicios públicos y en los niveles de bienestar de la población.

Las comunidades y la Seguridad Social concentran el 90% del total del gasto público en servicios públicos esenciales y las administraciones locales y la central absorben el resto. Sin embargo, las competencias son de naturaleza muy distinta. Mientras que las comunidades tienen asumidas las relacionadas con la educación, la sanidad y los servicios de protección social como la dependencia, la Seguridad Social y la administración central se encargan principalmente de las pensiones y de las prestaciones por desempleo.

En España, el gasto público en los servicios fundamentales supone una cifra equivalente al 26,8% del PIB, una ratio que se sitúa casi cinco puntos porcentuales por debajo de los países de la eurozona e inferior a la de las cuatro mayores economías europeas (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia). De promedio, España suma 2.464 euros anuales por habitante, en datos de 2016. Una cuantía que sin embargo no es homogénea y que ofrece grandes variaciones entre los distintos territorios.

Castilla y León, con 2.442 euros en gasto en servicios públicos esenciales por habitante, es la séptima comunidad autónoma que menos destina a estos fines y se sitúa a 22 euros de la media nacional. Se encuentra muy alejada de los 3.218 euros al año que destina el País Vasco, que es la comunidad como más gasto en servicios esenciales, con 776 euros menos por persona (el 24% por debajo). Sin embargo, Castilla y León destina 177 euros más que Canarias (7,8% más), que, con 2.265 euros, es la última comunidad en gasto en servicios públicos.

Las diferencias del gasto por habitante entre la comunidad que más recursos destina (País Vasco, 3.218 euros) y la que menos (Canarias, 2.265 euros) son sustanciales y alcanzaban el 42% en 2016. Además, el gasto del País Vasco y Navarra es 31 y 23 puntos superior a la media española, respectivamente, mientras que el de las regiones insulares (Baleares y Canarias) es del 7% y 8% inferior. «La existencia de estas diferencias responde no solo a distintas necesidades, sino a otros factores como la disponibilidad de recursos o el ejercicio de la autonomía por parte de las comunidades a la hora de determinar el nivel de prestación de los servicios o la modalidad de gestión de los mismos, lo que tiene consecuencias sobre el gasto unitario», resalta el informe.

Precisamente, no todas las comunidades se han comportado de la misma manera a lo largo de los años que van de 2003 a 2016. Durante la etapa expansiva, comprendida entre 2003 y 2009, el gasto real en servicios públicos fundamentales por habitante experimentó un crecimiento acumulado de más del 20% en todas las comunidades, llegando a superar el 40% en Murcia y en Castilla-La Mancha. Del mismo modo, la intensidad de los ajustes no fue la misma en todas las regiones durante los años de la crisis. Castilla-La Mancha redujo su gasto en más del 26% entre 2009 y 2013, mientras que el País Vasco, Asturias y Cantabria lo hicieron en menos del 10%.

Para Francisco Pérez, director de Investigación del Ivie, la expansión del gasto en bienestar por funciones ha sido desigual este siglo, ya que se ha concentrado en pensiones y protección social (las competencias dependientes de la Seguridad Social y de la administración central), cuyo peso sobre el total ha aumentado 4,6 puntos porcentuales. Por el contrario, el gasto en sanidad y educación (competencias autonómicas), aunque crece en volumen, ha perdido 5,6 puntos sobre el total, al verse muy afectado por los ajustes derivados de la crisis. Como consecuencia de estas diferentes trayectorias, considera que «el peso de la administración central en el gasto en bienestar ha aumentado, pudiendo afirmarse en ese sentido que ha tenido lugar una recentralización».