El campo afronta el estado de alarma, que cumple ya una semana, como parte de un sector, el alimentario, crítico y que debe mantenerse en funcionamiento. Pero también con ciertos problemas que pueden poner en dificultades ciertas cosechas. Adoración Blanque, secretaria general de Asaja en ... Almería, advierte de que el transporte de los trabajadores a las explotaciones se ha complicado, porque hay muchos que no disponen de automóvil propio o de carné de conducir y en los coches no puede ir más de un viajero.
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Por ello, afirma Blanque, hay fincas grandes que están trabajando a la mitad de su capacidad, lo que puede llevar a retrasos en los suministros o, incluso, a que haya productos que puedan echarse a perder, si se pasa el tiempo de la recolección. «El pimiento tiene más margen, pero el tomate o el calabacín no esperan», ilustra Blanque, quien añade que puede haber algunos empresarios que abandonen ciertas producciones. «Y si escasea la oferta, los precios pueden subir», avisa. Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG, advierte de que la recogida de la fresa de Huelva puede verse con dificultades. «Sin embargo, la naranja o el melón sí aguantan», añade Góngora.
Transporte. Algunas explotaciones funcionan al 50% por el absentismo que ocasionan los problemas en el desplazamiento
Demanda. Tras el repunte previo al decreto del estado de alarma, se ha normalizado
Desde Asaja, su secretario general, Pedro Barato, pide que se flexibilicen las normas para el transporte de trabajadores a las fincas. Aunque Andrés Góngora matiza: «No exigimos excepciones con nosotros». Sugiere la contratación de autobuses, por ejemplo, entre los que no se utilizan para el transporte escolar. Y, a partir de ahí, solicita aclarar los niveles de ocupación que están permitidos para garantizar la seguridad sanitaria de los trabajadores durante el desplazamiento.
Por lo demás, la cadena agroalimentaria funciona sin problemas. El ministro de Agricultura, Luis Planas, asegura que el suministro de todos los insumos que necesitan agricultores y ganaderos están garantizados. Y también tranquiliza respecto a otra de las inquietudes del campo: las fronteras y la garantía de que se va a poder exportar. Los mercados exteriores, afirma Planas, están abiertos para la exportación y para la importación, por ejemplo, de un bien tan esencial como el trigo de calidad para producir el pan. Aunque desde COAGsí han observado problemas en la llegada de mercancías en Italia, porque hay agencias de transporte que no quieren entrar en ese país.
Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), afirma que «toda la cadena en su conjunto está coordinada para asegurar el flujo de productos: productores, transformadores, transportistas y distribuidores». Y añade que el sector está en permanente contacto con la Administración para poder armonizar todas las acciones posibles.
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Góngora también confirma que la cadena alimentaria funciona bien, «aunque se ha tenido que readaptar», por ejemplo, estableciendo en las empresas de manipulado turnos de trabajo más escalonados para evitar grandes concentraciones de personas o la eliminación de la obligación de fichar a la salida del trabajo. Y también en algunos lugares se ha concentrado la jornada laboral, para reducir el número de desplazamientos, como el de mediodía para ir a comer a casa.
El buen funcionamiento del sector también se muestra en el hecho de que pudo reaccionar sin problemas al incremento de la demanda en los días previos al decreto del estado de alarma. Ello, en parte, como apunta Góngora, porque coincidió con unos días de buen tiempo en que se pudo recoger mucha cosecha. También, como recuerda García de Quevedo, porque «España es una potencia agroalimentaria y eso permite que por el momento dispongamos de todos los recursos para mantener nuestra actividad».
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Ahora, además, el aprovisionamiento básico puede ser más fácil porque, como recuerda el portavoz de la patronal del sector, actividades de las que son proveedores, como la restauración, la hostelería y el turismo, en estos días no pueden desarrollar su actividad. Si bien esto último es motivo de preocupación por parte de la UPA, que advertía esta semana que miles de ganaderos están abocados a la ruina por el cierre de bares y restaurantes como consecuencia del estado de alarma decretado por el coronavirus. «Estos ganaderos especializados en productos destinados a la restauración han visto cancelados todos sus pedidos de la noche a la mañana», afirman desde UPA.
El coronavirus y las medidas para atajar su expansión podían haber puesto en riesgo la percepción de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Pero las autoridades han reaccionado a tiempo. En primera instancia, estaba previsto que el periodo para las solicitudes de las ayudas acabara el 15 de abril. Si el Ministerio de Agricultura extendió el plazo hasta el 15 de mayo, la fecha máxima que había establecido Bruselas, la Comisión Europea, por la presión ejercida por países como España o Italia, ya ha autorizado oficialmente la posibilidad de ampliar la presentación de las peticiones hasta el 15 de junio. El plazo para acogerse a las ayudas de la Política Agraria Común arrancó el pasado 1 de febrero.
Ahora, el Gobierno español, como ha manifestado el ministro del ramo, Luis Planas, busca flexibilizar más los plazos, con el fin de evitar que la situación del estado de alerta derive en incumplimiento y en la pérdida de fondos.
Por ejemplo, en el programa de apoyo en el sector del vino y de los programas operativos de frutas y hortalizas, España va a solicitar que los pagos realizados después del 15 de octubre no se consideren fuera de plazo y se puedan abonar en el ejercicio siguiente sin pérdida de fondos, cuando ese retraso se deba a la aplicación del estado de alarma.
Desde Asaja valoran que esta dilatación en los plazos asegura «cierta tranquilidad» al sector en su tramitación ante las «dificultades por la restricción de personas». Pero añaden que ahora «cabe esperar que los pagos del anticipo de la PAC no se retrasen y los agricultores y ganaderos puedan recibirlos como siempre a partir del 15 de octubre».
El Ministerio de Agricultura también contempla demandar a la Comisión Europea la necesidad de que sea flexible también con la reprogramación de los programas de desarrollo rural que habrá que abordar.
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