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Todo son dudas alrededor del nuevo impuesto a la banca anunciado por el presidente Pedro Sánchez durante el debate del estado de la nación de la semana pasada. El Gobierno calcula que servirá para recaudar 1.500 millones de euros al año, pero aún ... no se conoce qué gravará ni en qué medida. De ello dará cuenta la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en una primera reunión con el sector bancario este viernes a las 12 de la mañana, según anunció en rueda de prensa.
La vicepresidenta detalló que este viernes se reunirá con las patronales bancarias, entidades financieras y representantes del Banco de España para comenzar a hablar de esta nueva tasa que, reiteró, «no se repercutirá a los ciudadanos».
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Clara Alba José María Camarero
El Ministerio de Hacienda aún no ha concretado en qué consistirá este nuevo impuesto y la ministra de Economía no quiso adelantar nada. Además, rechazó la idea de que la banca esté contra este impuesto ya que, a su entender, «todas las grandes empresas quieren contribuir a dar soluciones y arrimar el hombro para contener la inflación y hacer un reparto justo del coste de la guerra». En este sentido, afirmó que hay un «fuerte compromiso público» y que esta nueva medida no se repercutirá en el coste de los servicios financieros para los ciudadanos.
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Desde el primer día en que conocieron la intención del Ejecutivo con el nuevo impuesto, la banca se ha mostrado contraria a este gravamen en un momento como el actual. El sector financiero no ha querido pronunciarse por ahora hasta conocer los detalles, en boca de la CECA. Pero sí recuerdan que «la subida de tipos«, esto es, el origen del beneficio »extraordinario« para Moncloa, »supone una normalización de la política monetaria y no podemos anticipar su impacto neto en los balances». Y apuntan, además, que «es una medida que no contribuye a armonizar los regímenes fiscales dentro de la Unión Bancaria». Otra patronal, la AEB, destaca «la improvisación jurídica» en que opera el sector, al indicar que «distorsiona el mercado».
Pero no solo la banca se ha posicionado ya contra el impuesto, también los economistas de Funcas «dudan» de que este nuevo gravamen finalmente se lleve a cabo ya que aún no se ha concretado. Explican que igual que el Gobierno anunció un impuesto a la energía hace meses y todavía no se ha materializado, puede ocurrir lo mismo con estas nuevas medidas. En todo caso, señalaron que será un gravamen con una «motivación Robin Hood», lo que suele tener el inconveniente de que recaudan menos que el gasto que suponen para las empresas.
Dos son los retos que tiene el Ministerio de Hacienda para llevar a cabo esta propuesta. En primer lugar, definir técnicamente qué es un impuesto extraordinario en el caso de la banca. Porque el mero hecho de que suban los tipos de interés es una circunstancia que ya se ha dado otras veces en la historia sin tener por qué gravar a las entidades. Por otra parte, el Gobierno trabajar en determinar cómo prohibir que las entidades trasladen al cliente esa subida de impuestos mediante una ley.
En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas, con los que el Estado pretende recaudar 7.000 millones de euros en los dos próximos años, no repercutirán en los ciudadanos. «Tranquilidad absoluta a los consumidores y a los personas usuarias de las entidades financieras y, por supuesto, a todo el mundo; se trata de lo contrario, de hacer una redistribución de las cargas que se vienen provocando por motivos del incremento de la inflación y de la guerra de Ucrania», ha afirmado la titular de Hacienda.
Tras presidir la reunión de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios con las comunidades autónomas y la FEMP (Federación de Municipios y Provincias), Calviño indicó que el Gobierno ya ha asignado casi 16.000 millones en lo que va de año a las comunidades para financiar con fondos europeos proyectos de sus competencias. Ya se han resuelto 650 convocatorias de nivel autonómico, con 21.000 proyectos beneficiarios.
«Se ha alcanzado ya la velocidad de crucero en el despliegue de fondos europeos», aseguró la ministra, que indicó que a fecha 7 de julio ya se han autorizado inversiones por el 53% del crédito presupuestado. El ritmo mensual de convocatorias supera los 2.000 millones de euros entre las estatales y autonómicas.
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