Bruselas da luz verde al PERTE del vehículo eléctrico por 3.000 millones

Tras examinar el programa, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la iniciativa es necesaria para facilitar las inversiones en I+D y en medidas de protección medioambiental en la cadena de suministro para vehículos eléctricos y conectados. Estos 3.000 millones también tendrán un efecto incentivo, ya que los proyectos no se llevarían a cabo en ausencia de apoyo público.

Los 3.000 millones de euros corresponden a la parte industrial del PERTE. Después se completa con las ayudas del Plan Moves, el Programa Moves Proyectos singulares, el programa tecnológico de movilidad sostenible del CDTI, inteligencia artificial y vehículo conectado hasta llegar a los 4.300 millones de euros. De esta manera, el desarrollo del proyecto prevé una inversión total de más de 24.000 millones de euros en el periodo 2021-2023 entre inversiones públicas y privadas.

Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, «es una magnífica noticia tras meses de negociación con Bruselas. La autorización de la Comisión Europea servirá para la recuperación digital y sostenible de un sector como el de la automoción, donde España es uno de los principales fabricantes europeos. Este proyecto es una oportunidad histórica de convertir la fabricación del vehículo eléctrico y conectado en un proyecto tractor que refuerce la industria de automoción en todo el país».

«El proyecto ayudará a desarrollar la cadena de vehículos eléctricos y jugará un importante papel en la recuperación verde y digital de la economía española», ha destacado la vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager. Bruselas considera que la ayuda es proporcionada y limitada al mínimo necesario. En particular, los proyectos elegibles, los costes elegibles y la intensidad máxima de ayuda pública se ajustan a las directrices comunitarias.

Sin embargo, aún está por dilucidar la gran cuestión en torno al PERTE. Esto es, el proyecto o proyectos que saldrán ganadores de esta iniciativa. Ya hay sobre la mesa varias propuestas que implican industrias de diferentes puntos de España. En marzo pasado el Gobierno anunció la creación de un consorcio público privado con Seat y sus socios en el denominado proyecto F3, integrado por una quincena de compañías, entre ellas Iberdrola, Telefónica y CaixaBank, y otras del mismo sector de la automoción como Ficosa, Gestamp, Sesé y Grupo Antolín.

El PERTE va dirigido a uno de los sectores estratégicos de la economía española, con un efecto tractor por su peso en el PIB nacional y el empleo directo e indirecto y su aportación a la balanza comercial. España es el segundo fabricante europeo de vehículos y el noveno a nivel mundial. Representa el 11% de la cifra de negocios del total industrial. La automoción supone el cuarto sector exportador y representa el 15% del total de las exportaciones españolas.

La creación de empleo generada por el PERTE podría alcanzar los 140.000 puestos de trabajo y la contribución al PIB se situaría entre el 1% y el 1,7%. Otros impactos esperados serían alcanzar en 2023 los 250.000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados.