Bruselas no interviene en el mercado energético y le pide a España que baje impuestos

Medidas de alivio que, en todo caso, se subraya, han de ser temporales. Todo lo temporal que permita un desboque que se prolongará hasta abril del próximo año con predecible volatilidad en los siguientes meses, claves para el avance hacia la transición verde. El equipo de Ursula von der Leyen se resiste a meter mano al mercado energético y en concreto a disociar los precios del gas de los de la electricidad, pero sí compromete el impulso de la creación de una reserva estratégica de gas en la UE, de carácter voluntario.

El plan que del Ejecutivo comunitario se justifica en la necesidad de una acción coordinada ante una crisis de precios en la que confluyen, según el diagnóstico de Bruselas, la fuerte recuperación económica poscovid, un suministro de gas natural que no está colmando las necesidades de la demanda global y las propias debilidades del mercado energético europeo. A ello se suma, además, la subida de precios en el sistema de comercio de emisiones (que a su vez habría generado un incremento extraordinario de ingresos cercano a los 11.000 millones de euros en lo que va de año) «que las compañías eléctricas suelen trasladar a los consumidores» en la factura final.

«El objetivo de la Comisión es ayudar a los Estados miembros a tomar medidas inmediatas para reducir el impacto en los hogares y negocios este invierno. Al mismo tiempo, identificamos otras medidas a medio plazo para asegurar que nuestro sistema de energía es más resistente y más flexible para resistir cualquier volatilidad futura en todo la transición. La situación actual es excepcional y el mercado interior de la energía nos ha servido bien durante los últimos 20 años. Pero debemos estar seguros de que seguirá haciéndolo en el futuro, cumpliendo el Pacto Verde Europeo, impulsando nuestra independencia energética y cumpliendo nuestros objetivos climáticos», ha asegurado Kadri Simson, comisaría responsable del área, durante la presentación de lo que en el argot comunitario se identifica como una 'tool box' ('caja de herramientas').

Entre las medidas inmediatas para proteger a los consumidores y las empresas se aboga, sobre todo, por brindar apoyo a los colectivos más vulnerables (la pobreza energética en la UE rozó el 7% en 2019), bien mediante cupones bien mediante pagos parciales de las facturas que los Gobiernos podrían sufragar haciendo uso de los ingresos por la vía del comercio de emisiones de CO2 (ETS, por sus siglas en inglés). El dato del 1 de septiembre del pasado año al pasado 1 de agosto apunta a unos ingresos totales de 26,3 mil millones de euros.

La Comisión Europea también invita a que se autoricen aplazamientos temporales de pagos de facturas; se activen mecanismo que evitan las desconexiones por impago; proporcionar reducciones temporales y específicas en las tasas impositivas para los hogares vulnerables; y ayudar a empresas o industrias, de conformidad con las normas de la UE sobre ayudas estatales.

En la 'caja de herramientas' de Bruselas se aboga también por mejorar el alcance energético internacional para garantizar la transparencia, liquidez y flexibilidad de mercados internacionales; investigar posibles comportamientos anticompetitivos en el mercado energético y preguntar a la Autoridad de Valores y Mercados (ESMA) como se puede mejorar el seguimiento de los desarrollos en el mercado de carbono (España ha denunciado movimientos especulativos en este campo). También facilitar un acceso más amplio a los acuerdos de compra de energía renovable y apoyarlos a través de medidas de acompañamiento.

En lo que se refiere a sus propuestas a medio plazo, en coherencia con el objetivo de diseñar un sistema energético desarmonizado y resistente, el plan del departamento de Simson insiste a las capitales en la necesidad de aumentar las inversiones en energías renovables, renovaciones y eficiencia energética y acelerar subastas de energías renovables y procesos de obtención de permisos.

Es en esta parte de la propuesta en la que, como se esperaba, se anima a desarrollar la capacidad de almacenamiento de energía para respaldar la evolución de las energías renovables, incluidas las baterías eléctricas e hidrógeno. Además se solicita a los reguladores europeos de la energía (ACER) que estudien «los beneficios e inconvenientes del actual diseño del mercado de la electricidad y propongan recomendaciones a la Comisión cuando proceda». Se incide también en que se va a considerar la posibilidad de revisar la regulación de la seguridad del suministro «para garantizar un mejor uso y funcionamiento de almacenamiento de gas en Europa» y que se explorarán «los beneficios potenciales de la adquisición conjunta voluntaria por parte de los Estados miembros de existencias de gas».

En la propuesta, Bruselas también estima necesario diseñar un mapa con los «nuevos grupos regionales transfronterizos de riesgo del gas» al objeto de analizar los riesgos y asesorar a los Estados miembros sobre cómo han de construir sus planes nacionales de acción preventiva y de emergencia ante eventuales problemas de suministro.

También se quiere empoderar a los consumidores para elegir y cambiar proveedores -se aporta como dato que entre 2019-2020 lo hicieron en torno a un 15% Bélgica, Irlanda, Países Bajos y Portugal), generar su propia electricidad y unirse a las comunidades energéticas». En última instancia se apunta para diciembre de este año la creación de una especie de libro de reglas comunes «proporcionen orientación adicional a los Estados sobre la mejor manera de abordar los aspectos sociales y laborales de la transición verde».

Todo el paquete de propuestas se presentará mañana al Parlamento Europeo y a los Ministros de Energía el próximo día 18. Los líderes también la tendrán en cuenta en la cumbre que se celebrará la próxima semana en Bruselas, en la que la crisis de precios de la energía será asunto central de la agenda.