Bruselas se blinda ante las empresas extranjeras que reciben subsidios públicos

Un semáforo que se levanta pensando en China, que durante años ha ido desplegando una red de inversiones que le ha permitido hacerse con empresas de neumáticos, aerolíneas, aeropuertos, puertos marítimos, plantas de aerogeneradores e incluso equipos de fútbol. Pero no solo China está en el punto de mira, también Reino Unido y la desconfianza en un Boris Johnson que pese a renunciar a ello en el acuerdo del Brexit, podría abrir la mano a ayudas multimillonarias para que las firmas británicas puedan competir en mejores condiciones.

Lo que se diseña es un marco regulatorio (que aún debe ser consensuado con los Veintisiete y la Eurocámara) similar al que rige con las ayudas de Estado a sus empresas nacionales. Por supuesto, Bruselas no señala a ningún país. Ni tampoco quiere romper el libre mercado. Porque según datos de la propia Comisión, en 2019 las inversiones extranjeras en la UE supusieron en torno a siete trillones de euros y de ellas dependen dieciséis millones de empleos. «Lo que buscamos es que todas las empresas extranjeras respeten nuestra casa y eso pasa por no permitir subsidios que socaven la competencia justa de los mercados», ha defendido este miércoles la comisaria responsable de Competencia, Margrethe Vestaguer.

Hasta la fecha existía un vacío que permitía a las multinacionales extranjeras subsidiadas comprar empresas en Europa. «Y eso no es justo ni para nuestras empresas, ni para nuestros trabajadores ni para nuestros consumidores». Así que se plantea un «punto y final» que otorgaría al Ejecutivo comunitario plena capacidad para dar luz verde o impedir este tipo de operaciones de intervención o fusión.

Tendrá competencias para investigar directamente si se han recibido estos subsidios. «Podemos pedir información a las empresas, inspeccionar sus sedes e incluso imponer sanciones si no cooperan». Estas alcanzarían el 10% de su volumen de negocio. «Podremos juzgar si existen subsidios extranjeros que ponen en tela de juicio la libre competencia», subraya Vestagher.

Las operaciones entrarían automáticamente bajo la lupa si la empresa que se va adquirir (o al menos una de las partes de la fusión) tiene un volumen de negocios de 500 millones de euros o más y la contribución extranjera es de al menos 50 millones. «Consideramos que es un umbral razonablemente alto para iniciar una investigación». En lo que se refiere a las ofertas en contratos públicos (aquí se mira especialmente a las infraestructuras esenciales) la vigilancia se activará con una contribución financiera de un gobierno de fuera de la UE, si existe un valor estimado de la contratación de 250 millones de euros o más. «También se investigarán todas las demás situaciones del mercado y las concentraciones más pequeñas y los procedimientos de contratación pública» si la Comisión alberga sospechas. Puede pulsar el botón por iniciativa propia.

Ahora bien, las potestades que otorga el nuevo reglamento no tienen efecto retroactivo. Esto es, no permiten echar la vista atrás e indagar en operaciones del pasado. Un informe de Bloomberg de 2018 cifraba en 318.000 millones de euros solo los desembolsos de capital chino durante una década, con la participación de más de 600 empresas del gigante asiático.

La cuestión es cómo Bruselas va a comprobar que la información que se le aporta es verídica durante todo el procedimiento. Y aquí se parte de un principio de buena fe, pero también se advierte de consecuencias prácticas. «Nuestra decisión dependerá de esa información», remarcó el comisario de Economía Valdis Dombrowskis. Así que «si es insuficiente o se demuestra no creíble» el veredicto irá en consonancia. Y, se insiste, hay un resorte para tirar de sanciones multimillonarias y capacidad para frustrar cualquier operación sospechosa.

El Parlamento Europeo y los Estados miembros debatirán ahora la propuesta de la Comisión con vistas a adoptar un texto definitivo. La propuesta también estará abierta para una consulta pública de ocho semanas.