Bruselas abre un expediente a Alemania por cuestionar las compras de activos del BCE

En la carta de emplazamiento enviada a Berlín, la Comisión Europea considera que se produjo «una violación de los principios fundamentales del Derecho de la UE, en particular los principios de autonomía, primacía, eficacia y aplicación uniforme del Derecho de la Unión, así como el respeto de la jurisdicción».

La Corte alemana, con sede en Karlsruhe, que meses más tarde autorizó las operaciones, llegó a poner en aprietos al Gobierno de Angela Merkel, al Bundesbank e incluso amenazó al sistema del euro, al cuestionar específicamente los programas de adquisiciones de activos de 2015 que se lanzaron bajo la presidencia de Draghi y a la que se acogieron muchos países en crisis, como España. Los jueces alemanes pedían que las instituciones del país sobre las que tenía competencia (el Ejecutivo, su banco central y el parlamento federal) rindieran cuentas.

Bruselas considera que el tribunal germano no debería haberse inmiscuido porque esas operaciones cumplían con la legislación de la UE y así lo había refrendado la Corte de Luxemburgo. Con lo que pese a que en un auto del 29 de abril de este año, el Tribunal Constitucional alemán rechazó dos solicitudes de orden de ejecución de aquella controvertida sentencia de mayo de 2020, eso «no revierte las infracciones relativas al principio de primacía del Derecho de la Unión».

La Comisión Europea considera de hecho que el fallo de hace un año «constituye un serio precedente, tanto para la futura práctica del propio Tribunal Constitucional alemán como para las cortes y tribunales supremos y constitucionales de otros Estados miembros».

Aquel fallo llegó en plena crisis pandémica y se conocía justo cuando el BCE ponía en marcha su ambicioso programa anticovid con la primera compra masiva de activos (los primeros 750.000 millones de euros) para salvar el voluminoso endeudamiento público en el que estaban incurriendo los Estados y evitar que los mercados les arrastraran a la quiebra.

El TJUE, en un movimiento de reacción poco habitual, llegó incluso a lanzar un comunicado en el que se reivindicaba como «el único competente para declarar que un acto de una institución de la Unión es contrario al Derecho de la Unión».