Unidas Podemos se opone a la fusión y defiende una Bankia pública

Unidas Podemos ha defendido de manera reiterada la existencia de un banco público en España a partir de Bankia, que está controlado por el Estado en más de un 60%. En el programa electoral de los comicios de noviembre la coalición electoral en la que participan Podemos e Izquierda Unida reclamaba que había que evitar la privatización de la entidad y que debía ejercer como banco estatal. Pero, desde que Unidas Podemos entró en el Gobierno, su posición se había venido modulando. Y ya el pasado mes de febrero, el vicepresidente Pablo Iglesias afirmó que él y el presidente Pedro Sánchez estaban de acuerdo en que «tiene que haber una banca pública» en España, pero no mencionó a Bankia, sino al Instituto de Crédito Oficial (ICO). «El presidente y yo estamos de acuerdo en que tiene que haber una banca pública en España y pensamos en que quizás el ICO se tenga que convertir en la banca pública que necesita España», declaró Iglesias en una entrevista en la Sexta.

Pero la negociación de la fusión de Bankia y CaixaBank ha hecho recuperar a Unidas Podemos su antiguo espíritu. El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha calificado la noticia de «preocupante para la economía española». Y ha desgranado las razones. En primer lugar, en su opinión, «la oligopolización del sector financiero no es una buena noticia para la competencia del mercado, ni para la propia estabilidad del sector financiero». Ha aludido al riesgo de tener «entidades financieras 'demasiado grandes para quebrar'». También se ha referido a las posibles repercusiones sobre el empleo: «No es este precisamente un buen momento para posibles despidos de trabajadores, en un contexto de alto desempleo».

Y Álvarez, además, ha rescatado la primigenia idea de Unidas Podemos: el mantenimiento de Bankia como entidad pública, como «embrión» de la «banca pública eficiente» que, en sus palabras, «requiere» «la modernización del tejido productivo español».

Éste es un hilo de mensajes que Nacho Álvarez ha publicado en su cuenta personal de Twitter y que ha compartido el vicepresidente, Pablo Iglesias.

En cambio, la operación sí contaría con el visto bueno del departamento de Nadia Calviño, quien este año ha venido reiterando que la privatización de la entidad se realizaría en el momento en que más se pudiera maximizar el rendimiento: «No se trata de correr, sino de tomar la decisión adecuada», afirmó la vicepresidenta económica en una rueda de prensa tras un consejo de ministros de febrero.

Fuentes financieras afirman, de hecho, que el Gobierno habría encontrado en esta opción una buena alternativa para acometer la desinversión en Bankia. En unas circunstancias de mercado tan difíciles y en particular para el sector financiero, iba a ser muy complicado colocar paquetes de acciones de Bankia en Bolsa a no ser que se efectuaran descuentos muy importantes, algo que sería muy impopular en términos de imagen para el Ejecutivo. La operación de fusión sería, en definitiva, una oportunidad para acelerar la privatización de la entidad.

Desde Asuntos Económicos han afirmado que «el equipo del FROB está permanentemente analizando las condiciones de mercado con el fin de proteger el interés público de la participación en Bankia». Y, asimismo, han manifestado que, en el caso de que las conversaciones concluyan en una propuesta de acuerdo de fusión, «el FROB los analizará con completa objetividad desde la perspectiva de generación de valor y optimización de su capacidad de recuperación de las ayudas».

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha declarado este viernes que hay que «recuperar» el dinero del rescate de Bankia y que «la mejor manera es manteniendo la participación pública». En una entrevista en Canal Sur Radio ha recordado que los ciudadanos pagaron más de 20.000 millones de euros para rescatar Bankia y que se han recuperado 3.000.

El Partido Popular, a través de Elvira Rodríguez, ha valorado positivamente la operación propuesta: si sale adelante, ha afirmado Rodríguez, será una noticia positiva para la economía española, para que fluya el crédito, para la solvencia, la eficiencia y la eficacia del sistema financiero. Pero Rodríguez también ha pedido transparencia en la transacción y que la operación se efectúe con criterios de mercado, así como protegiendo a los clientes, a los depositantes y a los trabajadores. «Frente a las ensoñaciones marxistas de una parte del Gobierno en relación a la banca pública, en el PP creemos que operaciones como ésta son positivas», ha sintetizado su posición la formación conservadora.

Pero también existe una derivada territorial. CaixaBank decidió trasladar su sede social a Valencia en octubre de 2017, cuando el 'procés' estaba en pleno apogeo, después del referéndum ilegal por la independencia celebrado el 1 de ese mes.

Desde entonces, en Valencia es donde CaixaBank celebra sus juntas de accionistas y las presentaciones de resultados. Aunque mantiene su sede corporativa en Barcelona.

También Bankia tiene en Valencia su sede, desde que en 2010 se creó la entidad, fruto de la fusión de Bancaja y Caja Madrid.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado este viernes que «sería un hito muy positivo para la Comunitat Valenciana» que la entidad resultante de la fusión entre CaixaBank y Bankia mantuviese su sede en la capital. De acuerdo con fuentes del ejecutivo valenciano, Ximo Puig ha mantenido contactos con las dos entidades ante la posibilidad de una fusión. Y la Generalitat entiende que «lo lógico y lo razonable» sería que la sede se mantuviera en la ciudad de Valencia.

Pero el nuevo conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Ramón Tremosa, ha transmitido su deseo de que CaixaBank retorne a Barcelona su sede social y fiscal. Tremosa ha anunciado que trabajará para que así sea: «El lugar natural de La Caixa es Barcelona y trabajaremos para que así sea», ha declarado en una entrevista en Catalunya Radio, después de afirmar en la noche del jueves en TV3 que la entidad abandonó la capital catalana de manera «poco edificante». Pero todo parece apuntar que Barcelona no sólo habría perdido la sede de CaixaBank, sino del primer banco español si es que finalmente las negociaciones concluyen con una fusión, porque todo apunta que la sede se situará en Valencia.

El primer secretario del PSC, respecto a la fusión de dos entidades de referencia en Cataluña y en Madrid en un momento de relaciones de conflicto entre la Generalitat y Moncloa, ha afirmado: «Los que somos partidarios de la cooperación, de construir entre todos para tener proyectos de envergadura, tenemos que ver con simpatía una fusión de este tipo».