El Santander pierde el juicio con Orcel y le indemnizará con 68 millones

El ahora consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel, demandó a Banco Santander hace dos años y medio por haber dado marcha atrás en su nombramiento como consejero delegado del banco español.

Los hechos se remontan a septiembre de 2018, cuando Santander anunció a bombo y platillo el fichaje de quien entonces era banquero de UBS. Así rezaba el hecho relevante remitido a la CNMV. Se trataba de un fichaje externo, en sustitución del hasta entonces -y aún hoy- ejecutivo, José Antonio Álvarez, un perfil vinculado históricamente a esa corporación. Al anunciar el fichaje, Santander recordaba que Orcel había trabajado «estrechamente» con el banco las dos últimas décadas en las grandes operaciones corporativas desarrolladas por la entidad tanto de la mano de Emilio Botín como con su hija.

Pero apenas cuatro meses después de aquel momento, el propio Santander dio un giro inesperado y decidió echarse atrás en esa contratación. Lo hizo, según explicó la entidad, por la falta de acuerdo económico por el elevado coste que le iba a suponer a la entidad la incorporación del ejecutivo italiano. El banco consideraba «inaceptable» el importe que tendría que desembolsar por traerse a este banquero de inversión, a pesar de que reconoce su valía en el mercado internacional. La cifra ascendería a unos 50 millones de euros, según fuentes del sector. De este modo, José Antonio Álvarez seguiría como consejero delegado, cargo que aún hoy ostenta.

Lo inaudito del anuncio, en septiembre, y de la renuncia al fichaje, apenas cuatro meses después, provocó todo tipo de especulaciones en torno al gobierno corporativo del banco. Y el problema se trasladó a la Justicia. Orcel reclamó inicialmente una indemnización de 112 millones de euros, que después ha rebajado hasta 76 millones: 17 millones de prima de incorporación, 29 millones por la parte del bonus diferido que estaba pendiente de percibir en UBS y que Santander podía haber asumido ('buy out'), 20 millones correspondientes al sueldo que iba a cobrar en Santander durante dos años y 10 millones de euros por daños morales y reputacionales.

Desde Santander han defendido que la carta de oferta que enviaron a Orcel no era un contrato válido, pues no había sido aprobado por el consejo ni la junta de accionistas, y el nombramiento estaba sujeto a la evaluación de idoneidad del Banco Central Europeo (BCE). Fuentes del banco confirman a este diario que se muestran en desacuerdo con la sentencia y que recurrirán el fallo.

Tras las declaraciones de la presidenta del Santander, Ana Botín, del presidente de UBS, Axel Weber, del director global de Compensaciones de UBS, Mark Shelton, del exdirector de Recursos Humanos del Santander, Roberto di Bernardini, y del secretario general y del consejo del banco español, Jaime Pérez Renovales, el juicio quedó visto para sentencia el pasado 20 de octubre.