Montero archivó un expediente del presidente de Unicaja por sobresueldos

El ya conocido como 'caso Medel' brota en medio de las negociaciones que Unicaja mantiene con Liberbank para acometer por segunda vez su fusión, después de que encallaran esas mismas conversaciones hace ahora dos años. El reparto de poder en el futuro banco integrado se topa ahora con estas remuneraciones de Medel que podrían contravenir las indicaciones de la Ley de Caja de Andalucía en lo relativo a los sueldos adicionales. Indirectamente podría cuestionarse su idoneidad para el desempeño de responsabilidades en entidades como la Fundación Unicaja, tal y como revela hoy el Diario SUR.

Tanto el Banco de España como el Banco Europeo cuentan con sistemas muy estrictos de control de la idoneidad de los altos cargos del sistema financiero, hasta el punto de que todos los ejecutivos suelen pasar rigurosos exámenes. Esto coincide curiosamente con la evaluación de idoneidad, por parte del Ministerio de Economía de Nadia Calviño y el propio Banco de España, por el hecho de que la Fundación superara el 50% del accionariado de Unicaja Banco.

Los hechos se remontan en concreto al año 2006, cuando un informe del supervisor advertía de que los miembros de los órganos de gobierno de la entidad malagueña cobraron 305.000 euros. Entonces, se informaba a la Junta de Andalucía de que Unicaja no había demostrado el cumplimiento de dos artículos fundamentales de la ley de las cajas de ahorro andaluzas sobre incompatibilidades retributivas.

El punto 80.1 de esta norma establecía que la presidencia ejecutiva de las cajas, en Unicaja ocupada por Medel durante la etapa inspeccionada, «no podrá realizar ninguna otra actividad retribuida, pública o privada, ya sea a título personal o representativo, salvo las que le corresponda en representación de la Caja de Ahorros, en cuyo caso deberá reembolsar a ésta las cantidades percibidas como consecuencia de su ejercicio».

Es decir, en principio los importes recibidos por Medel como representante de Unicaja en los consejos de administración de empresas debieron haber sido reembolsados por ley a la entidad (Unicaja). Esa norma autonómica también determinaba que la dirección de las cajas de ahorro requieren una dedicación exclusiva incompatible con cualquier otra actividad retribuida, «tanto de carácter público como privado», salvo aquellas ejercidas en representación de la entidad presidida, aunque insistía en que los ingresos obtenidos «deberán cederse a la caja» representada.

El Banco de España concluyó que la entidad presidida por Medel no había aportado documentación que demostrara el cumplimiento de ambos artículos e informó de esa realidad a la Consejería de Economía y Hacienda, donde María Jesús Montero se encontraba al frente. Esta ley ordena que el regulador, en este caso el Banco de España, ponga en manos de las comunidades «hechos que puedan ser constitutivos de infracciones». Pero la Junta no movió ficha durante una década, bajo los mandatos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán —ambos condenados por el caso ERE— y Susana Díaz. El propio Griñán era consejero de Hacienda cuando el Banco de España emitió el informe que cayó en saco roto. Le sucedió Carmen Martínez Aguayo.

Únicamente diez años después de recibir el documento, en 2017, la Consejería de María Jesús Montero, actual portavoz del Gobierno de España y ministra de Hacienda, solicitó información a Unicaja. En su respuesta, la Fundación Bancaria Unicaja solicitó el archivo de las actuaciones amparándose en «la completa regularidad y la corrección jurídica» de los pagos recibidos por Medel como consejero, importes que considera «compensaciones» o «indemnizaciones» pero en ningún caso retribuciones. No se negaba el cobro de dinero, pero se insistía en que no suponía ninguna infracción.

Desde el actual Gobierno autonómico recuerdan que se trata de unos hechos «que tuvieron lugar entre 2007 y 2017, bajo la presidencia del anterior Ejecutivo andaluz y con otros responsables políticos al frente», por lo que desde San Telmo «no tenemos nada que decir». Medel fue presidente de Unicaja desde 1991 hasta 2016, cuando presentó su renuncia por la incompatibilidad del cargo con la presidencia de la Fundación Unicaja, institución que es principal accionista del banco y de la que sigue al frente en un momento crucial para el futuro de la entidad malagueña, inmersa en un proceso de absorción de Liberbank.

Las remuneraciones de Medel fuera de Unicaja ya fueron noticia cuando se conoció que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga dentro del 'caso Tándem' las relaciones del excomisario José Manuel Villarejo con Iberdrola, indagará también si Braulio Medel, en su etapa como presidente de Unicaja, recibió cheques 'irregulares' por 80.000 euros anuales en concepto de dietas como miembro del Consejo Consultivo de la eléctrica en Andalucía, órgano creado en 2004 y que presidió. Fuentes de la Fundación siempre defendieron que estos cobros con cheques al portador eran «regulares».

Medel también fue en diferentes periodos miembro de los consejos de administración de empresas como Acerinox, Azvi, Iberdrola, Alteria, Abertis Infraestructuras, Aquagest, Confederación Española de Cajas de Ahorros y Ahorro Corporación, entre otras. Algunas de estas empresas están participadas por Unicaja (la entidad tiene acciones) y otras no.

Aunque resulta complejo determinar una cifra, fuentes consultadas por este periódico elevan a cerca de cinco millones de euros el importe que se podría alcanzar siendo consejero de este tipo de empresas, basándose en la información nominativa facilitada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y los pagos medios de estas sociedades.

Unicaja modificó sus estatutos en 2005 para ofrecer cobertura legal «inquívoca», como la propia Fundación reconoce en las alegaciones presentadas como respuesta a la solicitud de la Consejería, «a la percepción de las citadas compensaciones». Pero juristas consultados por SUR recuerdan que, en aplicación de la jerarquía normativa, las disposiciones de los estatutos de una caja que resulten contrarias a la Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía «son nulas de pleno derecho».