La pandemia de Covid-19 tendrá un impacto en la actividad económica mucho más severo que el vivido durante la última crisis financiera y de deuda soberana, de la que aún no nos habíamos recuperado totalmente cuando empezó la epidemia. El confinamiento obligado ha hundido ... los ingresos de gran parte de las empresas que se ven imposibilitadas para afrontar sus gastos y garantizar su supervivencia y el empleo. El pronóstico del Gobierno es que la economía española pierda en estos meses más de 120.000 millones de euros. Un shock que debería ser temporal, pero puede laminar gran parte del tejido económico si no se facilita liquidez a las empresas.
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Es en los momentos de crisis cuando surge el protagonismo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), un banco público y agencia financiera del Estado que tiene un comportamiento anticíclico. Su actividad crece en las crisis y se repliega cuando el mercado funciona. En la Gran Recesión, cuando las entidades financieras redujeron la concesión de préstamos para atender sus propios problemas de solvencia y morosidad, el ICO financió al tejido empresarial con una cifra récord de 106.000 millones de euros en préstamos concedidos entre 2008 y 2014. A partir de 2015, con la economía y el empleo creciendo, este banco público volvió a su actividad normal, con líneas de financiación para los autónomos y las pymes, la actividad exportadora y la internacionalización, o grandes proyectos de inversión que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional. En 2019 concedió préstamos por 4.780 millones de euros, un 92% más que en el ejercicio anterior. Los principales destinos geográficos fueron Cataluña (19%), Madrid (13%), Andalucía y Valencia (12% cada una). Aunque eso era en la época pre-virus.
Ahora, cuando estamos nuevamente en recesión, el ICO vuelve a convertirse en actor relevante para minimizar sus efectos. Pero esta vez el sistema financiero no está en crisis y puede mantener abierto el mercado crediticio. Por eso se ha articulado una fórmula no empleada por el ICO hasta ahora, que es la de avalar a las empresas que pidan un préstamo a los bancos, de manera que estos estén más abiertos a conceder los créditos puesto que asumen menos riesgos. El Gobierno aprobó el 17 de marzo una línea de avales a empresas y autónomos por un importe máximo de 100.000 millones de euros, de los que ya se han liberado 60.000 millones (40.000 millones para la renovación y nuevos préstamos de autónomos y pymes y 20.000 millones para grandes empresas).
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Estos días, en el ICO los ordenadores echan humo. Mejor dicho, en las casas de sus funcionarios porque prácticamente todos están teletrabajando. En poco más de un mes se han cerrado 298.971 operaciones, casi cinco veces más de las que se hicieron en el año precedente, y tendrá probablemente medio millón más de solicitudes en las próximas semanas. 320 personas componen la plantilla total del Instituto de Crédito Oficial y, sólo por tener un elemento para comparar, en Bankia pusieron a 800 personas para preparar el sistema del banco y atender la operativa de peticiones de crédito con estos avales. Aunque el ICO no ha visto incrementada su plantilla, como sí ha ocurrido con el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) para gestionar los ERTE, sí ha reforzado el departamento de mediación con personal de otras áreas. No obstante, no es el ICO el que decide la concesión del préstamo, sino que lo hace cada entidad financiera conforme a sus políticas de concesión y riesgos. Los bancos asumen una parte del riesgo de impago –el 20% o 30%–. Si el préstamo resultara impagado, el ICO abonaría al banco el 70% u 80% del importe (según el tipo de aval), pero se pagaría contra la cuenta presupuestaria del Ministerio de Asuntos Económicos, no iría contra el balance del ICO. Esto también resulta una novedad porque hasta ahora los préstamos que hace el ICO los financia con sus propias emisiones de deuda, es decir, emite bonos en el mercado y ese dinero lo presta a las empresas con determinados objetivos. El año pasado, sus líneas de crédito ascendieron a 4.780 millones de euros. Este ejercicio, con la recesión encima, multiplicará por veinte el apoyo crediticio.
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