Un juzgado de Valladolid anula una venta de acciones del Popular por no informar sobre su riesgo

Basado en sendos informes periciales, aportados por cada una de las partes, el juez ha concedido más credibilidad al del demandante. «La cuestión que planteaba este informe es que el banco no era tan solvente como decía cuando hizo la ampliación de capital en 2016», explican desde el despacho Vidau Abogados, que ha llevado la representación legal del demandante a través de la Asociación de Consumidores Reunidos (Acoreo). «El banco mantiene que tuvo un problema de liquidez, no de solvencia, cuando en mayo de 2017 la gente comenzó a sacar su dinero del banco. Nosotros defendimos que el banco no era todo lo solvente que decía y que las cuentas no reflejaban la imagen fiel del patrimonio», añaden las mismas fuentes. Así, el informe señala que el banco no estaba reflejando fielmente las cuentas desde el año 2010, y descarta la explicación dada por la entidad de que se tratase de una situación sobrevenida.

Durante la instrucción, el demandante indicó que había confiado «en la información suministrada y publicada sobre los resultados y la imagen de fuerza corporativa de la entidad transmitida hasta la amortización de las acciones». Frente a ello, la defensa del Banco Popular alegó que «las acciones son un producto financiero no complejo, existiendo riesgos en la inversión en este tipo de productos pudiéndose ganar y perder parte o todo lo invertido, sin que se pueda desplazar al banco el riesgo de la pérdida de valor de las acciones, cuyo valor de cotización fue descendiendo progresivamente».