La justicia europea avala la liquidación del Banco Popular

La justicia europea estima, por tanto, que la decisión de la Comisión Europea de depreciar íntegramente el valor nominal del Popular «no constituye una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia del derecho de propiedad de las partes demandantes, sino que debe considerarse una restricción justificada y proporcionada de su derecho de propiedad».

La decisión, que los afectados podrán recurrir en un plazo de dos meses, llega tras varias demandas presentadas por fondos de inversión, particulares y fundaciones que contaban con acciones de la entidad y perseguían una compensación económica. Finalmente, el dictamen va en la línea de las últimas cinco sentencias del alto tribunal sobre este caso, uno de los más complejos y largos que ha analizado el TGUE. Se trata, además, del primer caso en el que se aplicó la directiva europea de resolución bancaria, una norma fue diseñada en 2012 para acabar con los rescates a entidades y que establece que las crisis bancarias deben pagarlas los accionistas y no los contribuyentes.

El tribunal ya se pronunció en ese mismo sentido a principios de mayo y blindó al Santander frente a las reclamaciones de los accionistas del Popular. Estimó entonces que una vez que los títulos del Popular perdieron valor, los titulares perdieron su condición de accionistas, por lo que no pueden ejercer el derecho de responsabilidad ante la sociedad que le suceda.