Los encargos de BBVA a Villarejo para vigilar a tres grandes constructores

Así, consta un contrato para el llamado «Proyecto Trampa» suscrito el 2 de diciembre de 2004, momento desde el que ya sería conocida por BBVA la naturaleza ilícita de todas las contrataciones, según expone la Fiscalía en el sumario. El objeto de este trabajo presuntamente encargado por BBVA, al que Corrochano representaba, era la prestación de servicios de análisis de información en el contexto de la toma de una participación significativa en el capital del banco por parte de la constructora Sacyr.

El contrato habría supuesto un importe de 592.069,61 euros, a los que podrían sumarse otros pagos de 483.431,40 euros, realizados entre los años 2005 a 2007.

Más adelante en el sumario se recoge que el proyecto se habría desarrollado entre los años 2004 y 2005, que buscaba la obtención de información sobre el denominado «Grupo Hostil», refiriéndose, supuestamente, a Sacyr, mediante la realización de seguimiento y el uso de diferentes medios e incluso artificios técnicos para controlar sus comunicaciones en relación a su intento de entrar en el capital del banco. De acuerdo con el sumario, «estas labores de inteligencia habrían incluido el acceso a tráficos de llamadas de las personas investigadas, y se habría enmarcado en una estrategia global desarrollada a través de diversas técnicas de 'hostigamiento sostenido' contra varias personas». Entre ellas, el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se encuentran Luis del Rivero, presidente de la constructora entre 2004 y 2011, así como al entonces vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas, o al en aquel momento director de la oficina económica de la Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián, que se vieron afectados «a su libertad, intimidad, reputación, carrera profesional, y a la esfera más privada de su vida personal y familiar».

En las transcripciones de las conversaciones acontecidas entre diciembre de 2004 y junio de 2005 aparecen José Manuel Villarejo, Julio Corrochano, Enrique García Castaño -este último, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía- y Rafael Redondo Rodríguez -socio de Villarejo-. De acuerdo con el sumario, en estos audios «se constata cómo Julio Corrochano daría cuenta del resultado de las gestiones desarrolladas por Cenyt al presidente Francisco González Rodríguez y a Ángel Cano Fernández». Este último, entonces director de recursos humanos y servicios, llegó a ser consejero delegado de BBVA entre 2009 y 2015.

El sumario también atribuye a Julio Corrochano los contratos efectuados el 5 de febrero de 2010 para los proyectos Fish, Summer y Gate, «cuyo objeto es la prestación de servicios de rastreo y detección de bienes de cualquier tipo de Fernando Martín Álvarez (fundador de Martinsa y presidente durante unos meses en 2006 del Real Madrid) y de Luis Manuel Portillo (ex presidente de Colonial), respectivamente». Estos trabajos habrían tenido un coste para el banco de 2,829 millones de euros.

La investigación de estos dos empresarios, altos responsables de dos empresas acreedoras de BBVA, arrancó, según la declaración de Antonio Béjar, exdirector de riesgos y recuperaciones de España y Portugal hasta 2014, con la contratación de la agencia Kroll, con el despacho Simmons&Simmons como intermediario, por mandato de Francisco González al consejero delegado José Ignacio Goirigolzarri en el año 2008 que a su vez se lo indicaría a él mismo. Según la versión de Béjar, ante los escasos resultados de este proyecto entre 2008 y 2010, Francisco González le ordenó «trabajar con la empresa que iba a contratar Julio Corrochano», lo que daría lugar, según el informe de la fiscalía a todos los contratos que se firmaron con Cenyt entre 2010 y 2014.

El sumario recoge que, a partir de 2010, «tal y como dispuso» el expresidente de BBVA, Francisco González, Julio Corrochano se encargó de negociar junto con los responsables de riesgos Antonio Béjar González e Ignacio Pérez Caballero, bajo la dirección del directo general Manuel Castro Aladro, «los términos de los contratos con Cenyt y sus modificaciones, canalizar las facturas fuera de los circuitos protocolizados, dado su carácter ilícito, y validar los servicios para que tuvieran lugar los correspondientes pagos por parte del área de contabilidad».

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía recogido por el sumario, el informe forensic emitido por PwC el 11 de julio de 2019 sobre el proceso de facturación, contabilización y pago de las facturas de Cenyt se corrobora lo manifestado por Antonio Béjar en sus declaraciones sobre cómo las facturas que se abonaron por esos contratos de investigación patrimonial eran 'facturas financieras', es decir, sin un pedido previo y sin que se siguieran los cauces normados y automatizados en los sistemas.

Villarejo, en una reunión celebrada el 24 de noviembre de 2009 con José Manuel García Crespo en representación de BBVA y con Andrés Mochales por Simmons&Simmons, de acuerdo con grabaciones incorporadas a la causa, explicaría a instancia de este último «su metodología para sus auditorías de inteligencia empresarial como 'analistas de información realizando trabajo policial en el sector privado' y que, a diferencia de Kroll a ellos les gusta más trabajar 'undergrodund'».

Villarejo también habría afirmado en ese encuentro que cuando era policía tenía bajo sus órdenes a Julio Corrochano. Y añadió que llevaba años trabajando con BBVA, para acto seguido exponer su modus operandi: primero se analiza la probabilidad de éxito, para luego fijarse los costes y la forma de cobrar, trabajando a resultados «con una filosofía policial, gran parte de nuestro equipo ha trabajado anteriormente en cuerpos policiales y por eso conozco a Julio Corrochano».

La Fiscalía, de acuerdo con el sumario, considera que las manifestaciones de Béjar vienen corroboradas por la documentación y también por las respuestas de Corrochano al cuestionario que BBVA le remitió en el seno de la investigación interna. Y, así, según recoge el documento, Corrochano declaró que «para dicha contratación de Cenyt recibió instrucciones directas del presidente, Francisco González Rodríguez, con el mandato de que sólo podía reportar de su desarrollo al propio presidente, a su jefe directo como director general de Recursos Humanos Ángel Cano Fernández, y al director de comunicación Javier Ayuso Canals, que habría sido quien explicó los pormenores de las necesidad del banco a José Manuel Villarejo Pérez y Rafael Redondo Rodríguez, lo que a su vez se corroboraría con el contenido de otros audios incautados».