Los créditos de alquileres vulnerables esperan ante una escasa demanda

Su funcionamiento llegó al BOE el 2 de mayo. Pero solo ocho entidades –Unicaja, Liberbank, Abanca, Cajamar, Pollença, Onteniente, Laboral Kutxa y Bankoa, la mayoría de ámbito territorial– han suscrito el convenio con el instituto emisor para comercializar los préstamos en condiciones ventajosas.

El resto de grandes bancos –representan más de un 80% del mercado– se irán adhiriendo a ese convenio durante los próximos días o semanas después de aclarar con el ICO algunos términos relacionados con el trámite de estos créditos. Mientras tanto, sigue corriendo el reloj de los pagos para las familias en alquiler con un nuevo recibo –el tercero desde que comenzó la crisis– a la vuelta de la esquina.

La medida, lanzada por el último Consejo de Ministros de marzo como uno de los pilares del «escudo social» frente a la Covid-19, se encuentra completamente embarrada en medio de un cúmulo de trámites y negociaciones que han ido aplazando su puesta en marcha estas semanas. Está dotada con 1.200 millones de euros del Ministerio de Transportes y cubre hasta el 100% del importe de seis mensualidades, con un máximo de 5.400 euros (900 euros por mes). El crédito no implica el pago de intereses para el beneficiario, aunque el Estado sí pagará a la entidad financiera un tipo del 1,5%, según la orden ministerial

Los beneficiarios potenciales son familias cuyos miembros se encuentren en desempleo, acogidos a un ERTE o cualquier circunstancia que haya provocado una importante merma en sus ingresos por el coronavirus.

Potencialmente puede haber muchos ciudadanos en espera de este tipo de créditos para hacer frente al alquiler. Sin embargo, la realidad está siendo diferente. Al menos hasta ahora. Desde el sector bancario constatan que la demanda de este tipo de préstamos es «mínima» y que no hay grandes peticiones acerca de financiar el coste del arrendamiento. Incluso desde algunos de los bancos que ya han suscrito el convenio con el ICO revelan que el interés es «muy escaso».

«Muchas familias con problemas prefieren no endeudarse más, aunque sea a tipos del 0% como los créditos del ICO, y buscan alternativas para abonar el alquiler», explican desde una firma bancaria. «Asumir un crédito para un pago así no es financieramente una buena opción», apuntan desde otra entidad.

La parálisis de esta medida se explica por otras medidas de alivio puestas en marcha desde abril y que evitarían tener que recurrir a estos créditos. Parados, empleados en ERTE o con reducción de jornada, y autónomos que se declaren vulnerables no pueden ser desahuciados y disponen de una prórroga de sus contratos de arrendamiento. Ysi el propietario sea titular de más de 10 viviendas, el inquilino puede pedir una moratoria o condonación. Además, los bancos ofrecen desde el pasado mes de marzo un un aplazamiento del pago de hasta tres meses del alquiler social a familias que habiten en una casa acogida al Fondo Social de Vivienda (FSV).