CaixaBank recortará 8.300 empleos en el mayor ERE de la banca

Se trata del mayor ajuste que protagonizará un banco en todo el sector financiero en España, incluso por encima de las reestructuraciones acometidas por las entidades durante la anterior crisis económica. Se encuentra incluso por encima del que realizó Bankia tras su nacionalización hace ahora casi 10 años.

El terremoto laboral es de tan envergadura que hasta la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha tenido que pronunciarse al respecto para asegurar que si no se hubiera realizado la fusión entre ambos grupos bancarios «estaríamos hablando de un volumen de trabajadores superior» al planteado inicialmente por la entidad. Montero ha apuntado esta opinión consciente de que es el Estado el que tiene hasta un 16% de poder en la nueva CaixaBank. «Estamos haciendo esfuerzos titánicos a través de los ERTE durante la pandemia», se ha justificado para añair que habría «que ver qué circunstancias» rodean al ajuste.

Frente al modelo anterior, que priorizaba las prejubilaciones para dar salida a los trabajadores de mayor edad y próximos a su retiro, en esta ocasión CaixaBank quiere enfocar su ajuste con la máxima voluntariedad posible, independientemente de la edad de los empleados que se acojan al proceso. De hecho, pretende que el ajuste sea equilibrado y afecte en un 50% a mayores de 50 años y la otra mitad a menores de este límite de edad. Esta idea ya ha sido planteada por otros ERE en marcha de grandes compañías. En caso de que no se alcance el excedente con la adscripción voluntaria, la adscripción se realizara por criterio de mérito, a través de la valoración del desempeño profesional de los últimos años.

Del total de despidos propuestos, hasta 5.742 de ellos se aplicarán sobre sucursales y unos 688 sobre filiales; mientras que 1.611 empleos se recortarán en servicios centrales y hasta 250 de ellos en direcciones territoriales. Además, según fuentes sindicales, Madrid sería la comunidad autónoma más afectada -con unas 1.500 salidas-, seguida de Valencia (medio millar) y Murcia (unas 400). En el caso de Barcelona, afectaría a 595 trabajadores.

El banco ha establecido cuatro grupos de salida para el ERE. Ha propuesto hasta 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades para losmayores de 63 años. De 58 a 63 años, con más de 15 años de antigüedad, la mitad del salario pensionable con descuento del desempleo y pago del convenio de la Seguridad Social. Para los empleados de entre 55 a 58 años con 15 años de antigüedad ofrece el 50% del salario regulador con máximo de dos anualidades. El resto de la plantilla tendría 25 días por año trabajado con un tope de 18 mensualidades.

Esta primera oferta puesta sobre la mesa por CaixaBank se enmarca en el procedimiento de despido colectivo que va a acometer como consecuencia de la absorción de Bankia, aunque la afectación final dependerá del empeño y el esfuerzo de la mesa negociadora. La entidad habría explicado a los sindicatos que las causas del ERE son productivas y organizativas, resultado de la fusión y del entorno actual del mercado, así como de la evolución de los clientes hacia lo digital. Las primeras estimaciones realizadas por los analistas anticipaban una reducción de entre el 10% y el 15% de la plantilla. La propuesta inicial habla ya de un 18%. En cualquier caso, CaixaBank se ha comprometido a poner en marcha un plan de recolocación para que la gente que abandone la entidad encuentre un nuevo empleo en el periodo más corto posible.

Respecto a oficinas, el podrecimiento se saldará con el cierre de 1.534 de ellas y los criterios se basarán en el tamaño del municipio y competencia bancaria en la plaza; la distancia entre oficinas de ambas entidades; la cuota de presencia y solapamiemtos; evitar la exclusión financiera y potenciar oficinas de mayor tamaño y especialización.

El nuevo grupo financiero cuenta con casi 7.000 sucursales repartidas por toda España. La intención de la entidad es mantener su presencia física en aquellas localidades en las que solo hay una oficina del grupo, sobre todo en zonas rurales. Y ahondaría su ajuste en el marco del solapamiento de sucursales, sobre todo en las ciudades medianas y grandes. Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Madrid son las regiones con mayor duplicidad de puntos físicos de la extinta Bankia y CaixaBank.

Desde que a principios de septiembre ambos bancos anunciaran su intención de integrarse, el recorte de la plantilla siempre ha estado sobre la mesa: la integración tendría un coste de unos 3.400 millones de euros, de los que dos terceras partes responderían a la reestructuración. Y a cambio, la nueva corporación financiera conseguiría generar unas sinergias de 5.000 millones en cinco años.

El recurso a las prejubilaciones, además de las bajas incentivadas, es el preferido por los sindicatos y el que ha sido utilizado preferiblemente por el sector bancario en procesos similares ya que es el que crea menos conflictividad. Sin embargo, tanto el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, como el presidente ejecutivo, José Ignacio Goirigolzarri, abogaron en su momento por buscar otras fórmulas «creativas» e innovadoras.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ya anticipó en marzo, cuando se materializó la fusión, que este ajuste laboral «será un proceso que queremos tener resuelto lo antes posible». El ejecutivo incluso puso sobre la mesa un plazo temporal, «antes de que finalice el segundo trimestre» para tener completado el listado de salidas.

Ni Gortázar ni el nuevo presidente no ejecutivo de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, habían querido aclarar hasta ahora el número de trabajadores que se verá afectado por este ajuste. Gortázar sí había anticipado que «no será traumático», esto es, sin despidos forzosos, sino que «primer la voluntariedad» y también «la meritocracia», es decir, «retener a los mejores», ha indicado en la rueda de prensa de presentación de la nueva entidad. Goirigolzarri admitió que «es doloroso estar en un sector de reestructuración y reduciendo plantillas». Aunque ha matizado que lo hacen por «responsabilidad» y para «asegurar el número máximo de empleos».