BBVA y González: del repliegue forzoso a las puertas del juzgado

La frase, tan rotunda como demoledora, la pronunció Francisco González en la que finalmente fue su última presentación de resultados anual como presidente del banco. Se refería a los «duros momentos» vividos durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a partir de 2004, cuando el presidente de Sacyr, Luis del Rivero, quiso hacerse con la entidad, finalmente sin éxito. Ahí comenzaron supuestamente los primeros trabajos de espionaje encargados por BBVA y que 15 años después han acabado en los tribunales. «Aguantamos la presión», se vanagloriaba González en ese encuentro con los medios, a los que aseguraba que seguiría en el cargo hasta el plazo marcado por los estatutos: cuando cumpliera 75 años, esto es, en octubre de 2019. Finalmente no fue así.

Apenas un mes después de que un medio digital publicara las primeras informaciones relativas a los pagos -cercanos a 300.000 euros- que el banco habría facturado a la empresa de seguridad Cenyt -vinculada a Villarejo- para espiar algunas asociaciones, Francisco González puso en marcha una investigación propia de la entidad para determinar lo ocurrido en esa relación mercantil que derivaba desde hacía más de 15 años.

Francisco González anuncia, sin que nadie lo esperara, que abandonaría la presidencia del banco el 31 de diciembre del año pasado. Apuntaba a Carlos Torres como presidente sin confirmarlo oficialmente. Lo hacía, según indicó el grupo, para «garantizar la continuidad en el proceso de transformación que ha puesto a BBVA a la vanguardia de la industria financiera».

BBVA materializa los cambios en su cúpula anunciados por González tres meses antes. El nuevo presidente sería Carlos Torres, el consejero delegado desde 2015. Sería el turco Onur Genç, responsable del negocio de BBVA en Estados Unidos, el nuevo CEO con carácter ejecutivo. González se quedaba en un cargo testimonial: presidente de honor de la entidad.

Varios medios de comunicación -liderados por una 'web' creada recientemente como moncloa.com- revelaban que González habría utilizado presuntamente a Villarejo para tener acceso a las llamadas telefónicas que se cruzaron en plena operación de asalto al banco los principales promotores de la maniobra. Comenzaban a salir a la luz nombres concretos como el de Luis del Rivero, el exministro y antiguo responsable del servicio de estudios de BBVA, Miguel Sebastián, y decenas de cargos relevantes de la vida pública desde empresarios hasta políticos y periodistas.

Ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, el nuevo presidente del banco se dirigió a los empleados en una misiva en la que tachaba de «deplorable» el supuesto espionaje, si así había ocurrido. «Mi prioridad es esclarecer los hechos y actuar con la contundencia necesaria para resolver esta situación», aclaraba a sus trabajadores. En ese momento, BBVA pone en marcha una nuevainvestigación interna ('forensic') para la que contrata a las firmas Pwc y Uría para examinar toda la documentación acerca de acontecimientos sucedidos durante 14 años.

En la presentación de resultados anuales del grupo, Carlos Torres se enfrentó a 40 preguntas sobre el 'caso Villarejo'. Sus respuestas se resumen en un claro «Yo le creo», en referencia a Francisco González. Por esas fechas, el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España y el Gobierno instaban a la entidad a aclarar cuanto antes lo sucedido hace 14 años.

Apenas 24 horas antes de que tuviera lugar la junta de accionistas en Bilbao, Francisco González anunciaba que abandonaba sus cargos temporalmente, tras la sucesión de anuncios de demandas de los afectados y de las advertencias de algunos de los grandes propietarios del grupo financiero ante la asamblea de socios.

Antiguos directivos y exempleados de BBVA, agrupados en la Asociación Uniter, exigen el relevo de José Miguel Andrés Torrecillas, consejero coordinador del banco. Habían llegado a la conclusión de que el comportamiento de Torrecillas «tanto como presidente de la comisión de Auditoría y Cumplimiento como la de coordinador de consejeros independientes, puede haber sido negligente en el cumplimiento de sus funciones supervisoras de los riesgos reputacionales, que han afectado gravemente a la institución».

Tras presentar sus resultados trimestrales, BBVA también anuncia el relevo del consejero coordinador, José Miguel Andrés Torrecillas, para que asuma la vicepresidencia de la entidad, un estatus con menos funciones de control del consejo. En ese momento, el consejero delegado Onur Genç aclara que ese cambio en el seno del consejo «no tiene ninguna relación» con los hechos relacionados con Villarejo. Y recordaba que la entidad seguía investigando lo sucedido con los trabajos encargado a la empresa de seguridad Cenyt, ligada a la figura del excomisario, y pidió prudencia ante la actuación que lleva a cabo la Audiencia Nacional en esta materia.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, aprovecha su presencia en un seminario en Santander para pedir a BBVA «rapidez y un análisis lo más profundo posible» del 'caso Villarejo' y las posibles implicaciones de esta entidad. Para el exvicepresidente del Gobierno, lo importante era que «se analicen las potenciales responsabilidades, si es que existen» en torno al pago de hasta diez millones de euros por trabajos a la firma de seguridad Cenyt.

El juez Manuel García-Castellón, titular del juzgado central de instrucción número 6, que investiga el caso y del que esta es la novena pieza separada, cita a declarar como investigado al ex número dos del banco Ángel Cano, el predecesor de Carlos Torres como CEO entre 2009 y 2015. Junto a Cano también fueron citados como imputados el responsable de seguridad del banco, Julio Corrochano, vinculado a Villarejo, con quien coincidió en la Policía, donde fue jefe Superior en Madrid y comisario general de Policía Judicial. Por esa ronda de declaraciones también pasaron casi diez directivos y exdirectivos.

A falta de sólo dos días para que el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobara el desarrollo del Distrito Castellana Norte (Operación Chamartín), el banco, propietario de la misma, cesó a su presidente, Antonio Béjar. El que fuera jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias de BBVA había declarado previamente ante la Audiencia Nacional, mostrando su colaboración con la causa, hecho que provocó que la Fiscalía anulara la petición de fianza de medio millón de euros para eludir la prisión provisional.

l juez del 'caso Villarejo', Manuel García Castellón, imputa al BBVA como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos que hizo durante años al excomisario a cambio de trabajos de espionaje. Sigue así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado esa imputación apenas una semana antes.

En un comunicado, el expresidente del banco pidió «deslindar posibles actuaciones indiividuales de carácter irregular, de la actuación del banco en su conjunto», a la que tachaba de «intachable» y con un «cumplimiento por encima de lo exigible en materia de gobierno corporativo». Además, recordaba que fue él quien «impulsó» la investigación interna para aclarar lo sucedido a partir de 2004.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, admite que el 'caso Villarejo' «tiene un impacto en la imagen del banco». El ejecutivo admite que el reguero de actuaciones judiciales derivadas de los contratos de la entidad con la empresa de seguridad Cenyt «afecta a la reputación» de la firma, aunque no al negocio bancario en sí mismo. Entonces insistía en que están haciendo «todo lo posible para contribuir a que se aclaren los hechos» colaborando «plenamente» con la Justicia.

El BBVA admite su exposición «a multas y daños o perjuicios a la reputación» de la entidad a raíz de la imputación por la trama Villarejo. Lo hacía en un folleto de emisión de valores de renta fija remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entidad ya reconoció riesgos ante la Comisión de Valores de Estados Unidos en marzo de ese año, y ahora lo incorpora a este suplemento elevando la gravedad de los riesgos una vez conocida la imputación oficial del juez.

Para esa jornada, estaba previsto que los responsables de BBVA acudieran a la Audiencia Nacional a declarar por la imputación de la entidad financiera como persona jurídica. Finalmente el juez decidió retrasar esa comparecencia judicial, que aún no se ha producido.

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez que cite a declarar a Francisco González por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. Ese mismo día el propio Francisco González reaccionó reafirmando su «plena disposición a colaborar con la Justicia». Así constaba en un comunicado remitido por el banquero en el que suscribía punto por punto todos los argumentos expuestos públicamente a finales de julio tras conocer la imputación del propio BBVA. «desde que se abrió la pieza BBVA, he estado máximamente interesado en colaborar con la justicia, con la mayor transparencia y objetividad», insistió en el breve texto remitido a los medios.

El magistrado ha aceptado hoy mismo esa petición, que será realidad el próximo lunes día 18 cuando el expresidente de BBVA acuda a la Audiencia Nacional.