En BBVA no funcionaron mecanismos de control en ningún caso durante los trece años de Villarejo, según la Fiscalía

Según consta en el sumario, el estudio de la consultora detectó que «ninguna de las contrataciones realizadas por el Área de Seguridad Corporativa con Cenyt analizadas cumplió con lo establecido en la normativa de compras de BBVA». Y ello porque no se encontró documentación que justificara la solicitud de los servicios del área de compras y ningún procedimiento de selección de proveedor y contraste de varias ofertas. Además, tampoco constan actas de la comisión de contratación en las que se revisaran y validaran propuestas del proveedor Cenyt, lo que implica que el área de compras no intervino en los procedimientos de selección, adjudicación y contratación de Cenyt, «ya que fueron negociados en el área de seguridad corporativa, y en concreto, por Julio Corrochano Peña», que era el principal responsable de este departamento. Si bien Corrochano, dice el sumario, tenía poderes para contratar toda clase de servicios que BBVA requiriese, ello no le eximía de cumplir con los procedimientos internos del banco, lo que implica, concluye el informe, que no habría contado con las competencias internas para contratar directamente.

El banco aportó este informe de PwC el 25 de marzo. Y envió otros tres informes forensic el 12 de julio. Uno de ellos, respecto a los procesos de facturación, contabilización y pago de los servicios prestados por Cenyt durante el periodo comprendido entre el 2 de diciembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2017. De acuerdo con el informe, el 63% de las facturas fueron emitidas como facturas financieras, es decir, sin un pedido previo y sin que se siguieran los cauces normados y automatizados en los sistemas de facturación del banco. El otro 37% sí fueron emitidas y registradas en el programa informático de contabilidad de la entidad como facturas logísticas, dado que sí fueron regularizadas en el área de compras y dado que también figuraba un pedido previo.

De acuerdo con el informe, entre las personas que habrían verificado la prestación de los servicios ofrecidos por Cenyt durante esos trece años se encontrarían Ángel Cano, director de recursos humanos y servicios en esa época, Julio Corrochano o Antonio Béjar, este último, director de riesgos y recuperaciones. Cano y Corrochano también constan en el listado de personas que autorizaron las facturas.

A la vista de esta información, según el informe de la Fiscalía, «en BBVA no habrían funcionado adecuadamente, en ninguno de los casos, mecanismos eficaces de control para evitar que se vulnerasen sistemáticamente, durante un periodo de al menos trece años (aunque sólo puedan ser objeto de responsabilidad penal los siete últimos -en 2010 cambió la ley-), tanto su código de conducta de obligado cumplimiento para empleados y directivos de BBVA, como, al menos, la normativa interna en materia de selección, adjudicación y contratación de proveedores y el código ético de proveedores».

De todo ello se desprende, indica el sumario, la inexistencia de alertas, supervisión y control eficaz para evitar esta «permanente vulneración de la normativa interna en materia de selección, adjudicación y contratación de proveedores». En estos procesos habrían intervenido, dice el documento, el área de seguridad corporativa, la de Corrochano, y el área de riesgos y recuperaciones, la de Béjar. Y ello, a su vez, derivaría en incumplimientos constantes de la normativa interna del proceso de facturación, contabilización y pago de los servicios prestados por Cenyt a BBVA.

Pero, de acuerdo con el sumario, la falta de detección continuada durante los trece años de presunta relación entre el banco y la empresa de Cenyt implica que no pueda atribuirse indiciariamente la responsabilidad de los ocurrido únicamente al jefe de seguridad corporativa (Julio Corrochano), «tal y como sostiene BBVA en sus diferentes escritos, y en menor medida a su entonces presidente (Francisco González)». El informe de la Fiscalía señala que la contratación y los pagos a Cenyt «afectan a varias áreas sensibles del banco, y a múltiples altos ejecutivos de la entidad» y «durante un prolongado periodo temporal».

Todo ello fue lo que llevó a BBVA a convertirse, como entidad, en sujeto investigado por haber cometido, presuntamente, delitos continuados de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y de corrupción en los negocios.