Las antiguas cajas dedican a impuestos 53 euros de cada 100 que ganan

La cifra total, histórica en los últimos cinco informes anuales elaborados por KPMG sobre la fiscalidad del sector, se sitúa ligeramente por encima de la registrada en 2019. Todo en un año en el que la pandemia derivó en un desplome del 12% del PIB y del 9% en la recaudación de las administraciones públicas.

Desde el sector quieren dejar claro que esta 'resistencia' en su contribución fiscal se debe, sobre todo, al crecimiento de los impuestos soportados, en detrimentos de los recaudados. Desde 2016, de hecho, han subido un 16%, evidenciando el carácter anticíclico que muchos de estos tributos específicos tienen sobre las entidades.

Por ejemplo, de esos 2.619 millones de euros, las contribuciones a la Seguridad Social de las entidades adheridas a CECA alcanzaron los 990 millones de euros. La cifra se mantiene muy estable respecto a los últimos años, a pesar de que el sector vive un duro proceso de ajuste que ha conllevado severos despidos colectivos que, además, han generado fuertes tensiones con el Gobierno de coalición.

Juan de Villota, responsable de asesoría fiscal de la patronal de las antiguas cajas, explica que en los procesos de prejubilaciones, «las entidades siguen realizando contribuciones a la Seguridad Social como si los empleados estuvieran aún en activo». Es decir, los efectos de la reducción en plantilla no han tenido su reflejo aún -pero lo tendrán- en las contribuciones.

Dentro de estos impuestos específicos, el sector pagó 638 millones por el IVA no recuperable, y otros 161 millones por el 0,03% con el que se gravan los depósitos de los clientes. «El sector convive con este impuesto desde hace diez años», defienden en la industria, muy criticada en los últimos tiempos por las nuevas políticas de comisiones que, precisamente, buscan que el cliente mueva su dinero de unas cuentas corrientes cuyo mantenimiento supone un elevado coste para el sector.

A todo ello se suma también la tributación autonómica. En 2019, por ejemplo, la industria comenzó a vivir con un tributo nuevo: el de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas. Un impuesto que aquel año supuso un coste de 600 millones de euros y que en 2020, como consecuencia del parón en la concesión de hipotecas durante los meses del confinamiento, se ha reducido hasta los 163 millones. A esta cifra se suman otros 302 millones que las excajas pagaron el pasado año en otros impuestos autonómicos.

Por otra parte, los pagos netos al impuesto sobre beneficios ascendieron a 347 millones de euros, frente a los 284 millones de euros del ejercicio anterior.

Las entidades también soportan, por otro lado, una serie de impuestos recaudados que calculan en 2.394 millones de euros. Y, aunque no se trata de impuestos técnicamente, también recuerdan su aportación a los distintos fondos destinados a proteger a inversores y depositantes. En concreto, en 2020 se destinaron 676 millones de euros al fondo de garantía de depósitos, 11 millones al Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y 252 millones al Fondo Único de Resolución (FUR), creado para que el coste de una futura resolución no recaiga sobre los contribuyentes.

«El peso de los impuestos sobre el total de resultados asciende ya al 53,32%», reclaman desde el sector. Es decir, de cada 100 euros que ganan dedican 53 al pago de tributos para las arcas del Estado, 10 puntos porcentuales más tras un año en el que se notó el impacto de la caída de resultados de las entidades adheridas a la CECA. Si a los impuestos soportados se suman las aportaciones a los fondos de protección, ese porcentaje se elevaría la 60,8%.

«El sector financiero contribuye y de una manera muy estable», explican los expertos de CECA, conscientes de que las entidades llevan años en el foco del Gobierno de coalición, con la intención de Unidas Podemos de imponer un nuevo tributo específico para gravar al sector.

Esta idea fue descartada el pasado año por el grupo socialista, y tampoco se ha incluido en el proyecto de Presupuestos para 2022. Sin embargo, las entidades recuerdan que «somos grandes empresas y nos vemos afectados por los nuevos impuestos como contribuyentes generales». En concreto, apuntan al impacto que tendrá en su negocio los nuevos límites a las aportaciones a planes de pensiones que los clientes se podrán desgravar o la próxima subida de las cotizaciones sociales.

Por el camino, recuerdan, han tenido que hacer frente también al mencionado impuesto AJD y, como novedad este año, al que grava las transacciones financieras. Aunque consideran que con este último el Estado apenas recaudará 400 millones de euros este año -frente a los 850 millones previstos inicialmente-, denuncian que «todo es un suma y sigue».