El abandono bancario se ceba con los clientes que menos utilizan internet

En plena época digital, este problema de abandono no sería grave si no fuera porque en esos municipios excluidos financieramente del sistema residen precisamente los segmentos de población menos habituados no ya a operar con internet, sino simplemente a tener un acceso habitual y fluido a la red. La proliferación de las aplicaciones bancarias que permiten ver los movimientos de las cuentas, realizar transferencias o gestionar un recibo, no es precisamente la vía en la que los clientes bancarios de mayor edad están acostumbrados a vivir: se encuentran doblemente abandonados sin sucursal ni un acceso habitual a los portales de sus respectivas entidades financieras.

Apenas un 7,5% de los usuarios bancarios con más de 60 años es exclusivamente digital; un 21,6% intercala el uso de las redes con el trato habitual en las oficinas; pero es un 71% el que solo se relaciona con su banco a través de la ventanilla, según las últimas estadísticas del Observatorio del IEB de 2017. Estos datos contrastan con los que revelan que un tercio de los menores de 40 años no pisa la oficina de su entidad financiera casi nunca. Unos -los jubilados- son los que habitualmente residen en los pueblos pequeños, donde cada vez se cierran más sucursales; y otros -los jóvenes trabajadores- viven en medianas o grandes urbes, donde la exclusión financiera es mínima.

A pesar de estos contrastes, la estrategia de toda la banca pasa por fomentar el uso de sus portales de internet y de ir cerrando poco a poco oficinas. Y lo hacen allí donde es menos rentable mantenerlas abiertas, en los pueblos; frente a las integraciones de las ciudades, donde su masiva presencia se solapa en muchas esquinas. El Banco de España ya alertaba en la revista financiera del pasado mes de mayo que esta dinámina de clausuras «dificulta el acceso al efectivo al segmento de población que lo usa como medio de pago principal y único». Además, el supervisor recordaba que el cierre de sucursales en España desde hace una década ha sido muy superior al de otros países, aunque sigue siendo «uno de los territorios con mayor número de oficinas por habitante».

Poco a poco, la exclusión va atrapando a más población. Hasta finales del año pasado eran 1,3 millones de españoles los que no tenían acceso a una oficina, esto es, un 2,7% de los 47 millones de habitantes del país, según el último informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Desde el inicio de la crisis, la población sin acceso a sucursales en sus municipios ha aumentado un 44%; un periodo en el que el número de oficinas se ha reducido en un 42%, hasta las 27.000 actuales.

El mapa bancario muestra una compleja realidad territorial en la que, por ejemplo, el mayor porcentaje de población financieramente excluida reside en pueblos muy pequeños. El 83% de los que no disponen de oficinas tienen menos de 500 habitantes. Y en el caso de los municipios con menos de 100 vecinos censados, un 98,8% de esos lugares -prácticamente la totalidad- no disponen de sucursal.

Las comunidades autónomas donde más impacta esta realidad es en aquellas con localidades más pequeñas, como ocurre en Castilla y León, donde el 80% están separadas del sistema bancario tradicional. También es relevante el porcentaje de municipios sin presencia física de entidades en Aragón (58%), Navarra (56%) o La Rioja (50%). Ninguna región se libra de esta realidad, aunque las cifras son muy inferiores en casos como Baleares, donde solo un 3% de los municipios no tiene banco; o Canarias (un 4,5%).

El IVIE califica en su informe como «problema social» esta ausencia de sucursales. E insta para solucionarlo a las administraciones «erradicando la exclusión digital», que es el origen de esta realidad, junto a la necesidad de que la banca «facilite el acceso financiero». Todas las entidades lo hacen con distintas propuestas que intentan evitar perder una parte de sus clientes que pueden ser los más estables financieramente hablando al disponer de rentas indefinidas, como ocurre con muchos jubilados de los pueblos.

En la presentación de su último plan estratégico CaixaBank anunciaba que, frente al cierre o transformación de oficinas urbanas, mantendría el millar de sucursales que tiene en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Una de las opciones que manejan los bancos es la de la utilización de los autobuses que funcionan como oficinas móviles, que se van desplazando de municipio en municipio. En otros casos sus empleados cambian su centro de trabajo para atender las necesidades de diferentes municipios de una misma comarca. Y también se valen de la figura del agente financiero, que les permite seguir presente en una zona sin tener una oficina al uso.

Incluso el presidente de la patronal (AEB), José María Roldán, propuso en abril una solución para que estos ciudadanos puedan seguir accediendo a los servicios de sus diferentes sucursales a través de acuerdos de colaboración con los que las entidades lleguen a esas localidades en las que ya ninguna de ellas disponen de oficinas.