Aventuran paralizaciones de obra pública por el auge del precio de las materias primas

Según explica Javier Herrán, responsable de la Comisión de Contratación Pública de FAE, la situación actual es fruto de la convergencia de varios factores, empezando por el encarecimiento en origen de buena parte de las materias primas básicas para la construcción, como la madera, el cobre o el acero. Un encarecimiento que comenzó ya en 2021, pero que se ha agudizado en los últimos meses merced a la guerra en Ucrania y, sobre todo, a la crisis energética. Y es que, subraya Herrán, la mayor parte del coste de producción de todas esas materias primas deriva directamente del precio de la energía.

Esa circunstancia ha hecho que algunos materiales hayan duplicado su precio en los últimos meses, y que las subidas hayan sido generalizadas. «El precio de todos los materiales se ha incrementado, al menos, en un 30% o 40%. A partir de ahí, hacia arriba», con incrementos superiores al 100% en algunos casos, subraya Herrán.

Es más, en muchas ocasiones, los incrementos son «de una semana a otra», lo que obviamente repercute directamente en el cálculo del coste de las obras. «El coste de los materiales es una parte muy importante del presupuesto de una obra pública» y los proyectos se diseñan con muchos meses de antelación. Esto es, que no tienen actualizados los precios de los materiales.

En este escenario, ya han sido varios los ejemplos de concursos en la provincia que se han quedado desiertos. Quizá, el más llamativo sea el del Mercado Norte provisional. Pero no será el único. Es más, de no corregirse la situación, Herrán aventura un «aluvión» de concursos desiertos.

Eso, asegura, en el mejor de los casos. Y es que, hay otro escenario aún peor, que pasa por la paralización de obras en marcha. «Estamos viendo que muchas empresas están llegando al límite. Algunas están realmente desesperadas» porque resultaron adjudicatarias de una obra cuyos costes están siendo mucho más elevados que los contemplados en el presupuesto de adjudicación.

Ante ese escenario, la patronal burgalesa está «aconsejando» a las empresas que la rescisión del contrato «sea la última opción». «Les estamos instando a que intenten negociar modifcados de proyecto» con las administraciones, ya que «rescindir un contrato y paralizar una obra es algo muy traumático», tanto para la empresa como para la administración.

Así, y a la vista de que a corto plazo no tiene pinta de que los precios vayan a corregirse por sí solos, desde la patronal llevan ya «más de un año» reclamando a las administraciones la aplicación de medidas correctivas.

De momento, desde la patronal se ha detectado «voluntad política» por parte del Ayuntamiento para aplicar medidas de este tipo. De hecho, el equipo de Gobierno ha dado instrucciones para, en la medida de sus posibilidades, revisar los presupuestos de los diferentes proyectos. Para ello, se echará mano del decreto emitido meses atrás por parte del Gobierno central, que facilita este extremo.

Sin embargo, desde la patronal insisten en que dicho decreto se queda corto, ya que sólo se aplica a «una serie de materiales», y no a su totalidad. Prueba de ello, insiste Herrán, es que en otros gobiernos autonómicos, como el de Galicia, Extremadura, Cataluña y Baleares, han dado un paso más allá, con decretos que dotan a la ley de contratos de «flexibilidad» y «agilidad» para aplicar modificaciones de contrato que permitan actualizar las tablas de precios de los amteriales sin necesidad de acudir al trámite habitual, mucho más farragoso.

En Castilla y León, de momento, no se ha abordado esta cuestión y la situación está entrando en un escenario «muy complicado».

Todas las noticias de Burgos, en BURGOSconecta.