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La línea de avales que el Gobierno puso en marcha con el inicio de la crisis del coronavirus ha movilizado hasta el 2 de agosto un total de 96.301 millones de euros en 769.199 operaciones. El Instituto de Crédito Oficial no avala el ... cien por cien del volumen de los créditos, sino porcentajes diferentes (un 70% o un 80%) en función de quién sea el prestatario, si una gran empresa o una pequeña o un autónomo, de modo que el capital efectivamente avalado asciende a los 73.193 millones de euros.
De las 769.199 operaciones, el 97%, 754.588, tienen a pymes y a autónomos como beneficiarios; mientras que el resto, 14.611, se han dirigido a otro tipo de empresas. Con más detalle, el ministerio de Asuntos Económicos informa este viernes de que un 42,4% de las operaciones de financiación avaladas las han protagonizado micropymes; un 31,5%, autónomos; un 24,2%, pequeñas y medianas empresas; y un 1,9%, empresas diferentes a las anteriores y más grandes.
De los 73.193 millones de euros que supone el total avalado, 53.303 millones de euros se han dirigido a pequeñas y medianas empresas y autónomos; mientras que el resto de empresas cuentan con avales que suman casi 20.000 millones de euros.
En cuanto a la financiación total que ha llegado a los diferentes actores económicos para hacer frente a sus necesidades más inmediatas de liquidez, es decir, de esos 96.301 millones de euros, 66.685 millones de euros corresponden a pymes y autónomos, mientras que el resto, algo más de 29.600 millones de euros, ha llegado a grandes empresas.
El Gobierno, el 17 de marzo de 2020, aprobó una línea de avales dotada con hasta 100.000 millones de euros para que los diferentes actores económicos pudieran atender necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, pago de nóminas y a proveedores, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.
A esa línea de avales se sumó a principios de julio otra, dotada de hasta 40.000 millones de euros, no ya para asegurar la cobertura de las necesidades de liquidez, sino para impulsar las inversiones de autónomos y empresas. Además, se aprobó su primer tramo, por importe de 8.000 millones de euros, de los que 5.000 se destinarán a autónomos y pymes y 3.000 millones, al resto de sociedades. Esta financiación garantizada por el Estado por un volumen de entre el 70% y el 80% de los créditos está destinada a nuevas inversiones, gastos relacionados con éstas y con la mejora del proceso productivo, aunque también podrá cubrir las necesidades de financiación a que iba destinado el primer programa de avales del ICO.
Las limitaciones que se establecen es que las empresas que soliciten esta financiación no podrán tener su sede en paraísos fiscales y los recursos avalados no podrán emplearse para el pago de dividendos.
Por otro lado, a diferencia de los avales de la línea de liquidez, en lugar de otorgar una cobertura de como máximo cinco años, su duración se extiende a los ocho años, dado que las inversiones requieren más plazo de amortización.
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