El Gobierno aprueba 20.000 millones para avalar el 80% de los créditos a pymes y autónomos

Este primer tramo de avales forma parte del plan global de 100.000 millones que adelantó el Gobierno hace una semana y que aún no se había concretado. Esta garantía cubre diferentes tramos dependiendo de quién solicite el préstamo. En caso de autónomos y pymes, el Gobierno cubre el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de financiación, mientras que para el resto de empresas el Estado garantiza el 70% de la nueva financiación concedida por las entidades y el 60% en caso de renovación.

Como ya anunció el lunes la vicepresidenta Nadia Calviño, la línea de avales será retroactiva para operaciones concedidas desde el pasado 18 de marzo y permitirá a empresas y autónomos que estén teniendo problemas derivados de la crisis afrontar «el pago de salarios, facturas, circulante, vencimiento de obligaciones financieras o tributarias», explicó la ministra Montero.

La vigencia del aval será igual al plazo del préstamo concedido, con un máximo de cinco años y se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre. Y aunque en un primer momento solo se la liberado un aval de 20.000 millones, el 20% del total, la ministra aseguró que cuando esta línea de financiación se agote, «entrarán en acción automáticamente el resto de fondos hasta los 100.000 millones» comprometidos. «Queremos ver cómo se comporta este mecanismo para ir ajustándolo», justificó Montero.

No existe ningún criterio fijado por el Gobierno para el tipo de interés al que prestarán el dinero los bancos, aunque la ministra Montero confía en que sea «razonable». En su opinión, el problema de estos préstamos no tenía que ver con el interés al que se devuelven, sino en la necesidad de avalar el riesgo. «Es necesario un aval público para que las entidades tengan un colchón de seguridad para hacer préstamos a empresas en una situación más arriesgada de lo normal», explicó.

«Me sorprende positivamente por la responsabilidad del ICO. El aval cubre hasta el 80% y corre con los riesgos, por lo que si hay problemas el banco lo reclamará al ICO y éste lo pagará», reconoce el presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza. Aún así, asegura que le preocupa la «agilización de los trámites para el acceso a los avales», ya que si el estudio de la operación recae sobre el banco y después debe aceptar la operación el ICO, se pueden alargar las aprobaciones, algo complicado para las empresas dada la gravedad de la situación.

Por su parte, Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG en EMA, apunta a que se ha guardado un «equilibrio razonable» en el reparto de riesgos por los distintos tipos de empresas, lo que garantiza la estabilidad de los bancos «limitando la morosidad que van a absorber».

Además, Hacienda ha autorizado la concesión de un crédito al Ministerio de Asuntos Sociales por 300 millones de euros que se transferirá a las comunidades autónomas para reforzar las políticas sociales y la atención a las familias más vulnerables. «Las personas mayores, los dependientes, las personas sin hogar, las familias monoparentales» serán los que reciban estas ayudas, según detalló Montero, que incidió en que los recursos del fondo solo podrán utilizarse para hacer frente a situaciones derivadas del COVID-19.

«El objetivo es que nadie se quede atrás en esta crisis», dijo Montero, que detalló que la división de los fondos por comunidades dependerá sobre todo del volumen poblacional y porcentaje de personas mayores de cada una.

Además se han aprobado también el reparto de 25 millones de euros para las familias con hijos a quien las comunidades o los servicios sociales hayan concedido una beca de comedor escolar. Montero explicó que las transferencias económicas serán directas o en distribución de alimentos y se prolongarán mientras permanezcan cerrados los colegios por la alarma sanitaria.

La petición de los autónomos de dejar de pagar su cuota a la Seguridad Social sigue sin aceptarse por parte del Gobierno. Desde el colectivo ATA aseguran que muchos autónomos que han cerrado su actividad no podrán pagar su cuota generando «recargos y morosidad» que dificultará el cobro de su prestación.

Y aunque «valoran» las líneas de crédito que se ponen en marcha con un 80% de aval estatal para su colectivo, solicitan al Gobierno que «no genere más confusión» y suspenda la cuota a todos porque se encuentran «asfixiados».