Fomento abre la puerta a crear peajes por utilizar la red de autopistas del Estado

Evitó decantarse por una opción u otra -«hay que elegir una, sea la que sea», apuntó-, aunque sí dio a entender que el pago por uso puede terminar siendo necesario en algunos casos porque el mantenimiento de la red de autovías le cuesta al Estado 11.000 millones de euros anuales, una suma cada vez más difícil de sufragar si no se aumentan los recursos públicos (vía impuestos, por ejemplo), dado que su extensión total (20.000 kilómetros ahora) no deja de crecer.

«Queremos apostar por un modelo de sostenibilidad como en Europa, que tengamos uno y no varios con experiencias distintas en cada territorio», abundó el ministro para a continuación emplazar a todos los partidos a buscar un sistema «igualitario» que no discrimine a unos ciudadanos frente a otros en función de la región donde vivan. A tal fin espera que se cree una subcomisión parlamentaria donde se debata sobre la financiación de la infraestructuras públicas y, en concreto, la necesidad o no de implantar peajes en autovías y autopistas que hoy en día no los tienen.

De momento, la primera concesión pública que recuperará el Estado tras el vencimiento del contrato actual pasará a ser gratuita, asumiendo la Administración los costes correspondientes estimados solo en peajes en unos 30 millones anuales. Hablamos de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), cuyo acuerdo actual vence el 30 de noviembre. Después llegará el turno de las autopistas AP-7 Tarragona-Alicante y AP-4 Sevilla-Cádiz, cuyo periodo concesional acaba el 31 de diciembre de 2019, y de las que aún no está claro si también pasarán a verse liberadas de posibles cánones.

Tampoco está claro cuándo volverán a ser relicitadas las nueve autopistas de peaje en quiebra rescatadas por el Estado -los trámites expropiatorios de la última de ellas no han concluido aún-, pues Fomento lo ha pospuesto a 2019 sin dar mayores precisiones. Según Ábalos el interés de las posibles concesionarias privadas es «relativo» puesto que la expectativa de beneficio futuro va a disminuir bastante respecto al sistema anterior al tener que reducirse los peajes y también bajar el período máximo de concesión.

La previsión inicial era obtener entre 700 y 1.000 millones de euros por esos concursos públicos, que se distribuirán en dos lunes, dinero que se destinaría luego a compensar parte de la responsabilidad patrimonial (RPA) que debe asumir la Administración para compensar a las concesionarias anteriores por expropiarles las autopistas. El Gobierno todavía no ha concretado la cantidad que según sus cálculos abonaría, aunque Hacienda estimó meses atrás que bajaría de los 2.500 millones de euros frente a los más de 4.000 millones que demandan las empresas.

De otra parte, el Consejo de Ministros aprobó también este jueves un endurecimiento de las sanciones a las concesionarias de autovías y autopistas por incurrir en negligencias que, por ejemplo, provoquen graves congestiones de tráfico como ocurrió en varios tramos de la AP-6 la última Navidad. El mínimo pasará ahora a ser de 15.000 euros, que era justo el máximo establecido hasta ahora, mientras el nuevo tope llegará hasta los 300.000 euros por caso.

Además, se aumentan las restricciones al tráfico de vehículos pesados en carreteras convencionales por seguridad o razones medioambientales. Esta medida ha provocado la criticas de las asociaciones de transportistas, que reclamen al Ejecutivo que les bonifique en los peajes si se les obliga a circular por vías de pago.