«Las autonomías son como un cáncer, tienen políticos sin ningún nivel pero con mucho poder»

«Hasta ahora las administraciones han puesto por delante el factor de la oferta más ventajosa económicamente y eso ha hundido la calidad, por un lado, y por otro ha motivado las ofertas temerarias, con bajadas de hasta el 40%, y los consiguientes modificados, abandonos de la obra o, directamente, la quiebra de las adjudicatarias», explica Pascual. «Ahora se van a valorar otros criterios porque Europa pretende que prevalezca el criterio de la calidad para que ese 14% del PIB comunitario que se destina a compras públicas, toda esa capacidad de compra, se utilice para activar determinadas políticas sociales, ambientales, tecnológicas, etc.».

Entre las novedades más interesantes para el sector, el portavoz de los licitadores de la comunidad cita «la facilitación del acceso de las pymes a la contratación pública», derivado entre otras cosas de «la instauración de un nuevo procedimiento de adjudicación abierto y simplificado». Además, Pascual otorga gran valor a la adjudicación de competencias a los órganos de contratación en materia de control de la ejecución de obra y cumplimiento de las exigencias medioambientales. «Se crea la oficina independiente de regulación y supervisión de la contratación y se exige que los procedimientos de contratación cuenten con medios propios y no recaigan en la dirección general de turno», señala. También, en aras de eliminación de la burocracia y mejora del acceso de las pymes a las adjudicaciones, la contratación electrónica pasa a tener consideración de medio primordial.

«Ganamos mucho con esta ley –argumenta– y sus objetivos son dignos de aplauso, si bien el texto jurídico ha quedado como un refrito poco manejable al haberse redactado sobre las leyes anteriores, metiendo algunos conceptos europeos ‘a capón’, en lugar de hacer una ley totalmente nueva». En opinión de Pascual, habrá que esperar a la redacción del reglamento para extraer conclusiones más afinadas sobre si será o no un verdadero balón de oxígeno para el sector.

Uno de los mayores problemas que ve Pascual a la situación que se abre a partir de ahora radica en que después de vivir con una ley, la de 1963, que se mantuvo en vigor durante casi cuarenta años, «en 17 años ha habido que manejarse con cuatro leyes diferentes» (la citada, la de 2000, la de 2007 y la nueva). «Nos dicen los expertos que pueden generarse conflictos y una cierta inseguridad jurídica», ya que «se abre un periodo de transitoriedad y mientras el grueso del texto entrará en vigor en marzo de 2018, otras disposiciones no lo harán hasta septiembre, además de estar pendiente el desarrollo del reglamento».

Por otra parte, «se han transcrito a martillazos directrices europeas que no cuadran demasiado bien con la manera de ser española». «En Europa todo está más claro mientras aquí tenemos que bregar con obra pública del Estado central, más profesional, y de las autonomías, que son como un cáncer, instituciones con gente sin ningún nivel pero con mucho poder, iluminados que gestionan basándose en sus intereses y sin ningún contacto con la realidad».

El panorama de administraciones o entes adjudicatarios se completa, según describe, con la obra de las entidades locales, «con más conocimiento de la calle y de lo que necesitan los ciudadanos» y «ese gigantesco sector público de entes y fundaciones que, en contra de lo que dicen, no ha adelgazado nada y que a la postre no es más que una herramienta para eludir controles».

«Esperemos que funcionen de verdad los principios inspiradores de la nueva ley, fijados por Europa para meternos en vereda: la no discriminación, máxima publicidad y máxima concurrencia», sostiene Enrique Pascual, para quien «Europa nos considera demasiado dados a la picaresca y al chanchulleo y es cierto que lo somos».

–¿Eso no es sinónimo de que hay corrupción en el sector?

–No quiero decir que llegue a alcanzar niveles de corrupción, ya que solo hablar de ella, desanima. Hablaría más bien de falta de transparencia, de que no hay pureza a la hora de aplicar el principio de libre concurrencia. No quiero decir que haya tráfico de maletines, pero sí que se favorece a algunos, se les da más información, se les deja modificar más que a los demás, se prefiere que trabajen siempre los mismos, se prima el amiguismo, los favores, el echar una mano al pariente... Diría que la gran corrupción que hubo ya no hay, pero que brilla por su ausencia la igualdad de oportunidades.

Entre las novedades de la ley también valoradas por los contratistas está «la limitación de adjudicaciones a medios propios del Estado, llámense Tragsa o Sacyl y sus redes de calor», algo que solo por el hecho de favorecer la iniciativa privada ya merece su aprobación. «Tenemos un sector público que parece un elefante, sobredimensionado de política y de políticos que tienen arrinconada a la sociedad civil, que no fomenta el emprendimiento ni la creatividad y que como única posibilidad nos deja intentar no morir aplastados», lamenta.

Además, «se restringe el dedazo», es decir las adjudicaciones a concurso (precio + criterios subjetivos) o directas (por urgencia, excepcionales) y «el 60% deberán ser por procedimiento abierto simplificado, con un periodo máximo de un mes desde que se publica la obra hasta que se firma el contrato».

Asimismo, la obligatoriedad de registrar la facturas terminará, previsiblemente, con los retrasos en los pagos entre empresas (de las grandes a las pequeñas), lo que debería repercutir en un auténtico cumplimiento de la Ley de Morosidad y sus pago a 60 días.

Las adjudicaciones, mientras, dar carácter prioritario a los lotes pequeños. «Si son grandes, deberán justificar las razones que exigen que sea así». Yse prohibe la contratación pública por parte de las empresas que cuentan con convenios colectivos a la baja con respecto a los del sector en que trabajan, como sucedió con las contratas de servicios de seguridad del aeropuerto del Prat.

La Cámara de Contratistas celebrará el próximo día 28 de noviembre una jornada sobre los aspectos prácticos contenidos en la nueva Ley de Contratos del Sector Público dirigida a las empresas licitadoras.