La Audiencia de León archiva el caso Caja España y da por prescrita la causa

El citado caso implicaba a 14 consejeros de Caja España que, según la acusación, podrían haber cometido un delito de administración desleal en la refinanciación de créditos a quien entonces ocupaba la presidencia del consejo de administración de la entidad, el empresario leonés Santos Llamas.

El juez ha determinado que el caso se encontraba ya prescrito en el mismo momento de la primera citación a los investigados y que se trataba de un «sobreseimiento limpio», sin entrar a valorar el fondo de la denuncia. Esa decisión judicial determinó el recurso ante la Audiencia Provincial por parte del Fiscal, además de Izquierda Unida, recurso que ha sido resuelto de favorable para los encausados.

En su parte dispositiva se reafirma la posición planteada en el Juzgado de León procediendo a «declarar extinguida la presunta responsabilidad penal como consecuencia de haberse apreciado la prescripción del delito societario, y en su consecuencia acordar el sobreseimiento libre de las presentes diligencias, procediéndose al archivo de las actuaciones».

El auto dictado no solo supone el fin del proceso sino que carga contra quienes, con una actuación no acorde, han participado en el mismo. En la sentencia se reafirma que la nulidad del proceso por prescripción es evidente, recordando que «en definitiva, pues, dicha citación de los investigados como imputados sería el primer acto eficaz para interrumpir el plazo de prescripción del presunto delito que se les atribuye, pero, al producirse en la fecha de la providencia de 6 de abril de 2015, el referido plazo de prescripción de cinco años ya se había consumado (el día 8 de enero de 2014), y, por todo ello, la responsabilidad criminal se había extinguido».

La acusación afectaba inicialmente, entre otros, a Fernando Martínez-Maillo, vicesecretario de organización del PP; José Antonio Turrado, secretario regional de Asaja; Artemio Domínguez, alcalde de Medina de Rioseco y diputado provincial por el Partido Popular en Valladolid o Francisco Fernández, exalcalde socialista de León.

El Juzgado número 5 de León abrió una investigación, por un posible delito societario, sobre los miembros del consejo de Caja España entre 2009 y 2012 por la refinanciación de una serie de préstamos a favor de empresas del que entonces era presidente de la entidad, Santos Llamas. En total, según sostuvo la Fiscalía y la acusación ejercida por Izquierda Unida, estas operaciones generaron unperjuicio económico a la entidad de casi 60 millones de euros.

Los exconsejeros justificaron la prórroga de los créditos concedidos a Llamas y a otros empresarios y argumentaron que actuaron dentro de la legalidad y de la propia normativa de la entidad y que no hacerlo hubiese implicado llevar a la Caja a una situación concursal, dado que eran varios los casos en la misma situación, con cantidades muy importantes pendientes de pago.