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La Audiencia Nacional ha citado este jueves al expresidente de Bankia Rodrigo Rato y a los otros 14 condenados a más de dos años de cárcel para comunicarles que disponen de un plazo de 10 días para su ingreso en prisión por la sentencia de ... las conocidas como «tarjetas black».
La Sala de lo Penal les requiere para que de forma personal comparezcan entre las 9 y las 11 de la mañana del jueves en la sede de la calle Génova para recibir la notificación.
Los requeridos son, además de Rato, José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, Estanislao Rodríguez-Ponga, Antonio Romero, Rubén Cruz, José Marí de la Riva, Antonio Rey de Viñas, Javier de Miguel, Ángel Eugenio Gómez del Pulgar, Rodolfo Benito, Gonzalo Martín Pascual, Francisco José Pérez Fernández, Miguel Ángel Abejón y Jorge Gómez Moreno.
En total, los quince desembolsaron en distintos tipos de gastos personales -viajes, comidas, ropa, compras en supermercados, retiradas de dinero en efectivo- casi 2,9 millones de euros, de los más de 12 millones que, según ambos tribunales, fueron sustraídos del caudal de Caja Madrid y, más tarde, de la Bankia primigenia.
El Supremo resolvía así los recursos interpuestos por 60 de los 64 condenados en primera instancia por la Audiencia Nacional, y confirmaba la responsabilidad de Rato, quien por su preparación y experiencia no podía ignorar el funcionamiento opaco de las tarjetas.
Pese a ello, apuntaba la sentencia de la que fue ponente el juez Miguel Colmenero, «mantuvo el sistema e incluso lo amplió a otras personas», primero a su favor -hizo un gasto de 99.055 euros posteriormente reintegrado-, y ya en Bankia, de sus más estrechos colaboradores.
En este sentido, subrayaba que el exvicepresidente del Gobierno «no puede ampararse en ilegalidades anteriores», en alusión a la conducta por la que fue condenado a seis años de prisión su predecesor, Miguel Blesa, fallecido en verano de 2017 y cuya responsabilidad civil fue confirmada hace un año.
Aunque Rato aún puede recurrir ante el Tribunal Constitucional, diferentes expertos descartan que el trámite paralice el cumplimiento de la condena, ya que al tratarse de una pena de cuatro años y medio por un único delito, no hay opción de suspenderla.
En relación a los otros 49, sobre los que pesan dos años de prisión o menos, todo apunta a quedarán en libertad siempre que no cuenten con antecedentes penales y en base a si han reparado el daño; se les suspende así el castigo, aunque se fija un período de seguridad por el mismo tiempo a fin de constatar que no reincidan.
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