Aquellos que compraron un coche entre 2006 y 2013 pueden reclamar indemnizaciones

La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) decretó en 2015 que quedó probado que se llevaron a cabo prácticas irregulares y por ello les impuso una serie de sanciones históricas. Ahora, después de que el Tribunal Supremo haya confirmado el grueso de los recursos individuales de la Audiencia Nacional sobre la mayoría de marcas y que un tribunal de Cádiz haya condenado por primera vez a una de estas firmas se abre la puerta a que todos los clientes reciban una indemnización.

En este contexto, ha surgido la Asociación de Consumidores Afectados por el Cártel de los Coches, que prepara la documentación para que vea la luz una gran demanda que aglutine gran parte de los afectados. Para este trabajo se ha contratado a Counsel Partners Romera Abogados, que ya ha reunido a más de 10.000 particulares y continúa incrementando día a día una lista que sigue abierta.

Desde el despacho especialista en estas operaciones y con experiencia en otras demandas como la del cártel de camiones explican que se puede recuperar entre un 10% y un 13% de la factura inicial. Los primeros informes de los peritos estiman que la reclamación se sitúa en unos 2.500 euros pero se espera que puedan elevarse hasta los 6.000 euros en determinados casos. La clave es el desembolso que se realizó por el coche.

Las marcas que participaron en este cartel y a las que se les puede reclamar una indemnización son Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Skoda, Volkswagen, Toyota y Volvo. Seat también participó pero los plazos para la demanda hacen más difícil lograr una indemnización por su colaboración para sacar la información a la luz.

Las diferentes asociaciones de consumidores también han decidido mover ficha y proponen unirse a alguna entidad de este tipo, que suele quedarse un margen por la gestión, o colaborar entre particulares para poder obtener una compensación que hecha de forma individual, aunque es posible, puede resultar más costosa. Es necesario tener en cuenta las fechas porque los plazos son ajustados y si no se abren procedimientos en los próximos meses podrían expirar las responsabilidades.