Anticorrupción pide imputar a Repsol, Caixa e Iberdrola Renovables en el 'caso Villarejo'

Los fiscales del caso consideran necesario que estas tres multinacionales del Ibex-35 tengan la condición de acusado ante la eventual responsabilidad penal en la que habrían incurrido sus dirigentes por los trabajos de seguridad realizados por Grupo Cenyt, la mercantil de Villarejo, sobre accionistas de referencia de estas empresas.

Pese a que el juez instructor Manuel García Castellón preguntó a Anticorrupción sobre la consideración procesal en la causa de Iberdrola S.A., matriz del grupo energético, después de la imputación de su presidente Ignacio Sánchez Galán y de otros tres directivos, la Fiscalía descarta ahora su investigación.

El motivo es que la contratación de Villarejo por parte de Iberdrola S.A. se produjo entre 2004 y 2009, antes, por tanto, de que el Código Penal regulara la responsabilidad penal de las sociedades, según la Ley Orgánica 5/2010. La presunta responsabilidad de la persona jurídica quedará limitada en la pieza número 17 a Iberdrola Renovables Energía, sociedad cabecera de los negocios del grupo relacionados con la energía renovable, tal y como ha adelantado 'El Español'.

En concreto, Iberdrola Renovables encargó a Villarejo la investigación del patrimonio de la sociedad suiza Eolica Dobrogea y de su accionista principal, el canadiense Christoph Beat Kaap, que habían colaborado con la compañía española en un desarrollo de negocio en Rumanía. La energética sospechaba que Kaap estaba incurriendo en alzamiento de bienes. El encargo tuvo dos fases, en 2012 y 2017, y supuso el abono a Villarejo de un total de 114.200 euros, IVA incluido.

En el caso de Repsol y CaixaBank, el único encargo que hicieron a Cenyt se produjo en 2011, es decir, ya vigente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tuvo por objeto investigar los movimientos del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, y de su familia tras el acuerdo de sindicación de acciones que alcanzó con la petrolera mexicana Pemex, lo que le hubiera dado el control de Repsol.

En este procedimiento prestaron declaración como investigados el pasado 7 de mayo el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el expresidente de CaixaBank, Isidro Fainé. Según los investigadores, el precio de los servicios pagados a la empresa de Villarejo ascendió a 389.400 euros, a cambio de los cuales se hicieron seguimientos y se recogieron tráficos de llamadas y datos privados del constructor murciano y otros implicados en esta operación. Este fue el caso de su hijo y de uno de sus colaboradores: Rodrigo Álvarez, que era el encargado de Seguridad de Sacyr. El propio Del Rivero había pedido al juez la imputación de Brufau y Fainé por su supuesto conocimiento de estos seguimientos.