Las antenas de la TDT deberán volver a cambiarse antes de 2020

La TDT, en este caso, tiene un problema añadido, y es que la banda ancha y los operadores móviles tienen mucha más fuerza a nivel mundial que la TDT, que en otros países no está tan extendida como en España. Los organismos internacionales, entonces, conceden una prioridad más alta a la telefonía que a la televisión, que entienden que puede ofrecerse por otras vías (cable, satélite, televisión por Internet...), y piden la liberación de ese espacio para el desarrollo de las nuevas redes de movilidad.

Por esa razón el Gobierno acometerá próximamente el llamado segundo dividendo digital, que consiste en apartar a la TDT de la franja comprendida entre los 694 y los 790 MHz para que por ese espacio pueda desplegar sus ondas la tecnología 5G de telefonía móvil. De este modo, se hace necesario acometer un reordenamiento de las frecuencias de televisión para que los canales que emitían en las frecuencias de esa banda que ahora se libera se ciñan al espacio que quedará limitado para la TDT, entre los 470 y los 694 MHz.

No es la primera vez que el espacio para las ondas de televisión se estrecha. En el año 2015 el espectro ya se había reducido con la liberalización de la franja entre los 790 y los 862 MHz para favorecer, entonces, el desarrollo de las redes 4G.

¿Y cómo se hará este reordenamiento? El próximo 18 de junio el Gobierno comunicará a la Unión Europea la hoja de ruta que seguirá para llevar a cabo la adaptación, que debe efectuarse antes del año 2020. Tiene dos maneras de hacerlo. En teoría bastaría con una simple mudanza de canales, comprimiéndolos en ese espacio más estrecho. El problema es que los canales de televisión, al igual que las redes de telefonía, ocupan más conforme más calidad tienen. En concreto, los canales en alta definición (HD) transmiten cuatro veces más información que los de baja definición (SD), y la nueva tecnología, el 4K, transmite cuatro veces más información que el HD. La alternativa técnica es pasar a la VT2, la nueva generación de televisión terrestre, que sí que permita albergar gran cantidad de canales con unos niveles de calidad altos.

En cualquiera de los casos el coste para el usuario está asegurado. Si quiere seguir viendo la televisión, deberá llamar al antenista para que realice el ajuste a las nuevas frecuencias y, después, resintonizar el televisor. En el caso de las comunidades de vecinos, con una antena colectiva, el gasto podrá repartirse por cada vivienda. El problema de esta solución es que, después del cambio, sería difícil asegurar que todos los canales pudieran transmitir con calidades que cada vez son más altas. Por eso se contempla también la posibilidad de que el modelo de adaptación consista en el paso a la segunda generación de TDT. Si finalmente el Gobierno se decanta por esta opción, el 90% de los usuarios tendrán que comprarse un receptor externo nuevo si no quieren ver la pantalla en negro, puesto que la mayoría de los televisores actuales no están preparados para recibir este tipo de señal, solo los más recientes.

El plan que presente el Gobierno también puede ser mixto, es decir, que parte de los canales de la TDT pasen a la segunda generación y otra parte se quede en la generación primera. En este caso, un usuario podría seguir viendo la televisión sin comprarse un nuevo receptor, pero solo tendría acceso a los canales de la primera generación (hasta que se apagaran).

Se resuelva como se resuelva la situación, los 1,7 millones de viviendas de Castilla y León, en su caso, deberán abordar de un modo u otro una nueva antenización de la televisión digital terrestre.

Algo parecido pasó en el año 2010, cuando en España se produjo el apagón analógico. Durante unos meses, en los que convivieron ambos sistemas, los usuarios que aún no habían comprado un receptor (con un coste medio, aquellos, de unos 30 euros) podían seguir viendo la televisión, pero esa opción desapareció el día en el que todos los canales dejaron de emitir en analógico. En el primer dividendo digital, el que ya se acometió en el año 2015 y que ya estrechó la franja de la TDT, se efectuó una reasignación de los canales, pero no hubo un cambio de generación de formato de difusión, por lo que no fue necesario que los usuarios adquirieran un receptor nuevo.

El miedo, en este punto, es que en unos años sea necesario acometer un tercer dividendo digital que restrinja aún más el espacio para las frecuencias de televisión terrestre en beneficio de las redes móviles, cuya demanda crece exponencialmente. En este sentido, el año pasado los canales de televisiones vieron garantizado el futuro de la TDT al menos hasta 2030 gracias a una resolución del Parlamento Europeo que priorizaba el uso audiovisual de esa franja de frecuencias comprendida entre los 470 y los 694 MHz, la que se va a ocupar ahora.

¿Y la única solución pasa por la TDT? Sin pagar, sí. Existen alternativas, como el satélite, que no implican la necesidad de una nueva antenización. El problema es que, hoy por hoy, no existen soluciones de este tipo que no sean de pago si lo que se pretende es tener acceso a las principales cadenas nacionales. Y la razón parte de las mismas cadenas.

Si un usuario compra una antena de satélite (parabólica) y la enfoca hacia cierta dirección orbital, puede ver en abierto gran cantidad de canales extranjeros y especializados, pero no podrá ver los canales de la TDT porque los operadores no dan su autorización para que esto suceda. En cambio, sí que podría acceder a ellos si se abona a alguna de las plataformas de pago, que sí que tienen integrados los canales.

¿Por qué, según la modalidad de conexión, los canales son de pago o no lo son? Todo sistema de emisión tiene sus costes técnicos y de mantenimiento. En España, las cadenas de televisión pagan a los operadores de red por la difusión de sus canales por televisión digital terrestre en las zonas llamadas 'de cobertura oficial' y, en las zonas con una particular orografía a las que esta no llega, es el Estado y las comunidades autónomas los que complementan el acceso a la televisión.

Cuando existía la televisión analógica, en las zonas de difícil acceso la señal se captaba peor y los canales se veían mal, con nieve, aunque se veían. En el mundo digital no tienen lugar estas medias tintas: se ve o no se ve. Con la llegada de la TDT, los usuarios que veían la tele con nieve la dejaron de ver. Lo que el Gobierno ideó entonces fue llevar la cobertura a esas zonas pagando transmisores terrestres con dinero público.

En Castilla y León, el 96% de los habitantes se encuentran bajo la cobertura oficial (zona 1), que corre a cargo de las cadenas de televisión. El 3,5% de la población se encuentra en la llamada zona 2, de cobertura de extensión con dinero público, que se cubre con las más de 500 torres que el Estado paga y la Junta mantiene. Y, por último, hay zonas más recónditas a las que la TDT no llega porque no compensa comprar una torre (que cuesta entre 20.000 y 100.000 euros) si el número de vecinos es poco elevado. Es la denominada zona 3. Para esas personas, la Junta tiene una solución concreta por satélite, para la que concede ayudas de 400 euros a los usuarios del lugar.

Con la implantación de la TDT y el apagón analógico, el Gobierno central comenzó a asumir con dinero público la llegada de la televisión a las zonas fuera de cobertura oficial. Y lo hizo a través de un acuerdo entre el Ministerio de Industria y las comunidades autónomas, de forma que el Ministerio pagaba la instalación de los equipos (en algunos casos en su totalidad y en otros a medias con el gobierno regional), y del mantenimiento se hacía cargo cada comunidad.

Entonces, el Gobierno de Cantabria, donde la cobertura oficial solo alcanza al 85% de la población, convocó un concurso para cubrir el 15% restante con el dinero del Ministerio. Lo ganó SES (Sociedad Europea de Satélites) con una solución de televisión por satélite. «Con el contrato firmado, a una semana de la puesta en marcha recibimos una carta del Gobierno de Cantabria diciendo que anulaban el contrato. Decían que era una decisión sobrevenida porque el Gobierno de España solamente les daba las ayudas si hacían el contrato por vía terrestre y, si no, no se las daban», explica el director de desarrollo de negocio de SES en España, Miguel Pingarrón. «Lo que hicimos fue denunciar al Gobierno de Cantabria en los tribunales de Cantabria, que nos dieron la razón y obligaron al Gobierno autonómico a pagarnos el contrato, y por otro lado al Gobierno de España en la Comisión Europea, porque entendíamos que esas ayudas no eran neutrales y que los concursos estaban dirigidos».

En junio de 2013, la Comisión Europea decidió que esas ayudas de Estado eran «ilegales, incompatibles y que se tenían que recuperar». «Eran ilegales porque en su momento España no comunicó a Bruselas que las iba a conceder y porque incumplían un principio básico del mercado europeo que es la neutralidad tecnológica, que dice que toda ayuda pública tiene que abrir el abanico a cualquier tecnología que esté capacitada para solucionar el problema que motiva esa ayuda», cuenta Pingarrón.

La cantidad a recuperar fue cuantificada en 306 millones de euros en toda España, 37 millones en Castilla y León, que abarcaban tanto la instalación como el mantenimiento de las torres. Algunas comunidades autónomas –entre las que no se encontraba Castilla y León– recurrieron la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). «Siguieron dando ayudas, cuando tenían que haber dejado de darlas y dejado de pagar el mantenimiento, porque la decisión debe cumplirse al margen de que luego se pueda recurrir», explica Pingarrón.

En este sentido, en 2015 el TJUE dio la razón a la Comisión Europea. En segunda instancia, en enero de 2018, el tribunal sacó un pero a la decisión de la Comisión, afirmando que no se había motivado suficientemente cómo las ayudas beneficiaban a unos operadores frente a otros, por lo que le instó a reescribir la decisión. «Pero lo que el mercado ha entendido es que las ayudas son legales, y no es así. Ciertamente se ha anulado la decisión pero la tienen que reescribir. El tribunal no ha entrado el fondo de la cuestión, que entiende que está bien, pero pide que se motive mejor. Y la Comisión está en ello», explica Pingarrón.

Si la decisión finalmente fuera firme, la comunidad estaría obligada, igual que el resto, a recuperar de los beneficiarios las ayudas que concedió en su día, con riesgo de multa si no lo hace. Las empresas pequeñas que colaboraron en la instalación y el mantenimiento estarían exentas de devolverlo si recibieron una cantidad inferior a los 200.000 euros.

A pesar de la decisión de la Comisión Europea en 2013, las soluciones por satélite tienen complicada su implantación en España. Y SES lo confirmó gracias a otro concurso, esta vez convocado por el Gobierno de Navarra, para cubrir esas zonas a las que no llega la televisión.

SES ganó el concurso, pero la ejecución del plan se encuentra paralizada porque las grandes cadenas de televisión privadas se opusieron a ofrecer sus canales en abierto por satélite. «Las televisiones no quieren porque creen que con el satélite van a entrar otros canales que les van a dañar la publicidad; el operador de red, que tiene el monopolio, tampoco quiere, y luego está la Administración, que le da igual pero que tiene mucho miedo a las críticas de las televisiones», entiende Pingarrón. «El propio Gobierno de Navarra fue consciente de que si ofrecían la televisión en esas condiciones, sin los grandes canales nacionales, la gente se les iba a echar encima», explica.