La AIReF rectifica y admite que la subida del salario mínimo no ha tenido «ningún efecto negativo»

«Los datos disponibles no permiten apreciar ningún impacto negativo a corto plazo de la subida del SMI, aunque hay que seguir observando la evolución del mercado de trabajo en los próximos meses», aseguran fuentes de la AIReF durante la presentación de su informe sobre la actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 enviado por el Gobierno a Bruselas el pasado 30 de abril.

El organismo presidido por José Luis Escrivá explica que en las comunidades autónomas con mayor porcentaje de trabajadores con sueldos cercanos a los 900 euros deberían ser donde más impactara la subida que se hizo hace cuatro meses. Según sus datos, estas son Extremadura, Canarias, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Las que menos, Asturias, Cataluña, Navarra, País Vasco y Madrid. En cambio, sus estudios reducen el impacto al mínimo, aunque recomiendan al Gobierno seguir de cerca la evolución del mercado laboral.

Por otro lado, a pesar de que la AIReF reconoce «prudente» y «ajustado» el cuadro macroeconómico que el Gobierno ha enviado a Bruselas, por el lado de las previsiones fiscales ven «problemas de coherencia». Concretamente, aunque el organismo considera «factible» la previsión de ingresos incluidos en la actualización del programa de estabilidad este año, cree que al final del periodo de estudio (2022) esta estimación se reduce.

El Gobierno establece que en 2022 los ingresos habrán ganado 1,8 puntos en relación al PIB, pasando su peso del 38,9% al 40,7%. Las previsiones de la AIReF auguran un menor impacto hasta un desfase global por la recaudación de impuestos de una décima del PIB, lo que significan 1.200 millones de euros: 5.700 millones de recaudación prevista por el Gobierno contra los 4.500 millones del organismo de Escrivá.

Anteriormente la AIReF ya había establecido una menor recaudación por los nuevos impuestos ('tasa Google' y 'tasa Tobin', fundamentalmente), pero se debía a la entrada en vigor de los mismos a mitad de año por la fecha en la que se presentó el proyecto presupuestario que finalmente fue rechazado. Sin embargo, ahora lo que plantea es que estas medidas entrarán en vigor en 2020, por lo que calcula su recaudación al ejercicio completo y sigue calificando las previsiones del Gobierno de «muy optimistas».

En cuanto a los gastos, el programa de estabilidad prevé un ajuste de seis décimas del PIB, pasando del 41,3% al 40,7%, frente a las previsiones de la AIReF que se mantiene en el 41% hasta 2022 porque consideran que el Estado llegará a gastar unos 2.400 millones de euros más de lo planteado.

Por esta desviación de ingresos y gastos, el organismo cree que el déficit público será del 0,5% en 2020, medio punto por encima del equilibrio presupuestario que prevén las cuentas públicas enviadas a Bruselas. Esto equivale a unos 6.000 millones de euros. «Creemos que es improbable conseguir el equilibrio presupuestario por un estrecho margen», señalaron fuentes de la AIReF, que destacaron que el programa enviado a Bruselas no reconoce «ningún esfuerzo fiscal» en 2019.

Es decir, el Gobierno de Sánchez no llevará a cabo prácticamente ningún ajuste explícito del déficit público este año, por lo que retrasa a 2020 el saneamiento de las cuentas que han aumentado su presión de gastos por las medidas recogidas en los 'viernes sociales' como la subida de las pensiones, los sueldos de los funcionarios o la ampliación de las bajas de paternidad.

Precisamente, una de las pocas medidas que el Gobierno propone a Bruselas para reducir el déficit es la eliminación del 60% de las bonificaciones a los planes de empleo, lo que supone un recorte de 1.500 millones de euros las ayudas a la cotización hasta 2022, según el documento.

Y tampoco les cuadra la previsión de reducción de la ratio de deuda pública sobre el PIB, que el Ejecutivo mantiene que será del 88,7% en 2022, mientras que la AIReF la sube al 91% del PIB para entonces, lo que supondrá una reducción de seis puntos respecto a la deuda pública actual.