Las administraciones licitan este año en la región obras por 508 millones, el doble que en 2017

La marcha de la actividad durante los seis primeros meses ha llevado a Pascual que pronosticar que la licitación de obra pública llegará a fin de año en unos niveles algo por encima de los 700 millones de euros, «cifras como las de hace 25 años». Para el representante de las empresas que contratan con el Estado, es algo «totalmente injustificable cuando España y Castilla y León tienen ya sus respectivos PIB por encima de los datos de 2007».

Se da la circunstancia de que el pasado mes de marzo entró en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, de modo que los seis meses objeto de análisis pueden dividirse en dos bloques diferentes, el de enero y febrero y el de los restantes cuatro meses, ya con el nuevo texto legal. Pascual ha detallado que antes de publicarse la ley fueron convocadas 544 obras por valor de 475 millones de euros, mientras después de marzo el balance es de 431 obras por apenas 33 millones de euros. «En los últimos cuatro meses estamos viendo licitaciones por una media de 76.500 euros cada obra, frente a los 873.000 de antes de marzo -ha explicado-, algo que debería corregirse». Según ha explicado «el esfuerzo administrativo es el mismo en una obra de 800 que en una de 70, ya que se trata de procesos de adjudicación complejísimos».

Para el representante empresarial la nueva ley, que se está aplicando sin tener aún desarrollado su reglamento, ha pillado a las administraciones a contrapié. «No se han destinado recursos suficientes para ponerla en práctica, ni se ha preparado a los técnicos y funcionarios para que conozcan las novedades y se adapten a los nuevos mecanismos, ni la plataforma de contratación electrónica funciona bien -ha señalado-, y esta falta de preparación está afectando negativamente a las convocatorias de obra».