El acuerdo sobre los funcionarios recae en 161,535 beneficiarios en Castilla y León

En este escenario y en lo relativo a la comunidad, el responsable regional de UGT para la Administración General del Estado, Ovidio Martínez, aplaudió este acuerdo en un territorio en el que la mayor parte del colectivo cuenta con entre 45 y 50 años, con lo que la creación de empleo «aliviaría la situación precaria actual». No obstante, criticó que es «ridículo» que existan centros de referencia nacional que estén cerrados desde hace años, con el consiguiente gasto de mantenimiento.

Es el caso, por ejemplo, de algunos vinculados al Imserso o la propia ‘macroprisión’ de Soria, cuya construcción se ha extendido durante 14 años y no está operativa. «Esperemos que con esta creación de empleo se pueda abrir. No pedimos nada nuevo, sino personal para poder ponerlos en marcha. Ahora ya no está la excusa de la crisis», expresó.

Por su parte, Álvarez, quien vinculó el desarrollo de este acuerdo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o un decreto en ausencia de las cuentas, detalló que se liga, por primera vez, una parte de los incrementos salariales al crecimiento de la economía y al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. En ese mismo sentido, las administraciones competentes podrán incorporar otras mejoras en el empleo y en las condiciones, previa negociación colectiva, siempre y cuando cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y la regla de gasto, informa Ical.

En las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos se acordó un marco plurianual de incremento salarial, 2018, 2019 y 2020, con un porcentaje de subida fijo más un porcentaje de incremento adicional ligado al crecimiento de la economía y, en 2020, al cumplimiento del objetivo de estabilidad. De esta manera, por primera vez un acuerdo en la Función Pública vincula la previsión de aumento de las retribuciones a la a las expectativas de crecimiento y estabilidad para los próximos años. «La recuperación de poder adquisitivo asegura una subida fija hasta el 2020 del 6,1%, que podría llegar al 8,79% si la economía fuera bien», recordó Álvarez.

Igualmente, el responsable de UGT-FeSP indicó que se mantiene la jornada semanal de 37 horas y media, pero se contempla la posibilidad de que cada administración pública pueda establecer en sus calendarios laborales otras de carácter ordinario o especiales de trabajo.

En materia de conciliación laboral se prevé una bolsa de hasta el 5% de jornada anual para el cuidado de mayores, hijos menores o personas con discapacidad. Esta parte de la jornada deberá ser recuperada en los términos que acuerde cada Administración. Se regula, además, la posibilidad de jornada intensiva para cuidado de hijos.