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El compromiso adquirido por el Gobierno de Pedro Sánchez para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros generó semanas atrás un aluvión de críticas por parte de las asociaciones de trabajadores autónomos. Y es que, ese aumento extraordinario repercutiría directamente en la ... base de cotización de los autónomos y, por ende, en las cuotas que han de pagar mensualmente, que se verían incrementadas en la misma proporción que el SMI.
Sin embargo, poco tardó el Gobierno en calmar los ánimos, asegurando que el incremento de los salarios no repercutiría en las bases de cotización, ya que la intención es modificarlas de cara a enero de 2019. Y en esas estamos. Aún no hay acuerdo y los 28.024 autónomos de la provincia se mantienen a la espera para ver cómo se articulan dichos cambios.
En este sentido, desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), que aglutina a las asociaciones de autónomos de la provincia, insisten en que un incremento «desproporcionado» como el planteado inicialmente supondría un «gran palo» para el colectivo, sobre todo para aquellos profesionales autónomos sin empleados a su cargo, que son más de la mitad del total, concretamente 14.778.
En este sentido, la secretaria de FAE, Emiliana Molero, insiste en que a día de hoy existen «muchas dudas» en torno al futuro de las cuotas de autónomos. Unas dudas generadas, a su juicio, por el Gobierno, que anunció su intención de promover una reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) «fuera de la mesa del Diálogo Social».
Así, después de que los autónomos levantaran la voz en grito ante la subida de cuotas que se avecinaba, «parece que el incremento pretende suavizarse», aunque «podría ser superior al 12%», recuerda Molero al tiempo que cuestiona la fórmula planteada de inicio para modificar el cálculo de las cuotas. «Dicen que quieren que el cálculo se base en los ingresos, pero tenemos muchas dudas al respecto. Si un año se ha tenido una buena facturación, pero al siguiente no, ¿en qué anualidad se repercutirá esa facturación?», se pregunta.
Esa fórmula, además, choca contra el criterio de voluntariedad que se viene aplicando hasta la fecha en el pago de las cuotas. Un criterio que desde FAE consideran que se debe mantener. Básicamente, recuerda Molero, todos los trabajadores que cotizan en el RETA han de pagar una cuota mínima y, a partir de ahí, cada uno decide si incrementar la aportación para generar coberturas en contingencias comunes o pensiones. «Hasta ahora era el autónomo o el empresario el que lo decidía» y debería mantenerse ese tipo de flexibilidad, asegura.
De hecho, la patronal siempre ha instado a los autónomos a que coticen por encima de la cuota mínima para así garantizarse una cobertura económica en caso de baja laboral o de cese de actividad, buscando en todo caso el mayor equilibrio posible con respecto a los derechos de los trabajadores por cuenta ajena.
Eso sí, más allá de los plnateamientos de unos y otros, desde FAE se insiste en que cualquier modificación del RETA ha de ser «ordenada y paulatina». De hecho, en ningún momento se oponen a una revisión del modelo, pero «este no es ni el camino ni el momento» adecuado para hacerlo. «Si se quieren incrementar los ingresos de la Seguridad Social, lo primero que debería hacerse es perseguir la economía sumergida», concluye Molero.
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