Laporta, imputado por los pagos a Negreira

En un principio, Laporta no fue imputado, pues se consideraba que en su caso los delitos cometidos durante su primera etapa en la presidencia del Barcelona (entre 2003 y 2010) habían prescrito. El juez ha ampliado sin embargo temporalmente la investigación y ha concluido que los pagos que hizo la entidad azulgrana al exvicepresidente de los árbitros podrían ser constitutivos de un delito de cohecho continuado en el tiempo.

Así, la prescripción se alarga a los últimos diez años, a contar desde el último hecho presuntamente delictivo, cometido en julio de 2018. Por tanto, la investigación se amplía hasta 2008 y en consecuencia incluye también el primer mandato de Laporta. «Se acuerda extender la condición de investigado por los citados delitos a Joan Laporta y a todas aquellas personas que fueran miembros de la junta directiva del FC Barcelona durante su mandato o que estuvieran integradas en el organigrama del club y tuvieran una responsabilidad efectiva en la toma de la decisión de efectuar los pagos presuntamente ilícitos a los Enríquez», asegura el juez del 'caso Negreira'.

El juez que instruye el caso, Joaquín Aguirre, ha firmado un auto muy contundente. A su juicio, los pagos que el Barça realizó a los Enríquez «produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español, lo cual no significa que todos y cada uno de los árbitros fueran corruptos, pero sí un grupo de ellos». «Como conclusión», remata el magistrado, los actos efectuados por el ex número dos del CTA «tuvieron por fuerza que beneficiar al FC Barcelona en detrimento del resto de clubes de la Liga de Primera División o de sus rivales en la Copa del Rey». «Dichos actos solo podían referirse a designaciones arbitrales tendenciosas o bien a admoniciones realizadas a los árbitros normalmente designados», asegura.

Según el juez, hay una serie de hechos «acreditados», consistentes en los pagos constatados por la Agencia Tributaria que fueron realizados por el Barcelona y tuvieron como destino las sociedades instrumentales utilizadas por los Enríquez, padre e hijo. «También está constatado», afirma el juez, que Enríquez Negreira tenía el cargo de vicepresidente del CTA de la Federación Española de Fútbol (FEF), que los pagos se realizaron a lo largo de 18 años, que fueron incrementándose año tras año y que dejó de recibir emolumentos del Barça una vez que abandonó su cargo.

Enríquez Negreira, según recuerda el magistrado, entraba en el segundo escalón de autoridad dentro del Comité Técnico de Árbitros y su ámbito de su influencia fue muy amplio. «El pago realizado por el FC Barcelona puede considerarse en atención al cargo que desempeñaba durante unos 18 años», asegura el juez. Fueron incrementándose desde los 70.000 euros iniciales hasta los 700.000 anuales. El Barça cesó en el pago tan pronto como Negreira cesó como vicepresidente de los colegiados. «Por deducción lógica, los pagos satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual», concluye el magistrado.