La Fiscalía pide tres años a la nigeriana que suplantó al director general del Athletic para estafar a la Federación

El fiscal del caso considera a la acusada cooperadora necesaria de un delito de estafa informática en grado de tentativa. Es la única persona que se sentará en el banquillo de la Audiencia de Madrid el próximo martes, porque hasta la fecha no se ha podido dar con el paradero del resto de delincuentes informáticos.

Según el escrito provisional de acusación, la mujer detenida en Palma y en libertad provisional por estos hechos obtuvo de forma «ilícita» los datos identificativos de Berasategi y, el 27 de mayo de 2022, envió un mail al director de Seguridad de la FEF para que transfiriera una factura a nombre del Athletic por la cantidad de 460.242 euros en concepto de «liquidación de contrato Eurocopa 2020».

En la factura se incluía un número de cuenta que, en realidad, no era del club sino que estaba a nombre de la acusada. Los delincuentes, eso sí, tenían información de primera mano de que la Federación tenía pendiente el pago de dicha suma al club rojiblanco. Y, por medio de la denominada estafa del CEO, aportaron la numeración de una supuesta cuenta del director general del Athletic con algunas modificaciones.

Ese mismo 27 de mayo de 2022, la federación realizó la transferencia a la cuenta que la mujer nigeriana, de 36 años cuando fue arrestada, había abierto el 9 de mayo anterior y que cerró el 24 de junio siguiente. El banco, sin embargo, logró bloquear la transferencia tras sospechar del alto importe del movimiento y la titularidad de la cuenta receptora, y la FEF pudo recuperó todo el dinero.

Desde el primer momento la Policía consideró a la única detenida como una «mula» de una organización criminal, que aportó sus datos y una cuenta a su nombre a cambio de una comisión. La investigación se inició a principios de noviembre de 2021 y tras el aviso del banco el rastro del dinero les condujo hasta la mujer residente en Palma de Mallorca. En la operación participaron agentes de Madrid, Bilbao y la Jefatura Superior de Baleares, que pese a las pesquisas realizadas no han podido dar por el momento con los ciberdelincuentes.