La SGAE librará en otoño la decisiva batalla por su futuro

Serán unos comicios a los que Sastrón no podría presentarse, ya que se regirían por los actuales estatutos de la casa. Su máximo responsable desde 2016 queda así en una situación de interinidad y no podría redactar los nuevos estatutos que se reclaman a la SGAE desde la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac) y que debería presentar antes del 15 de julio al Ministerio de Cultura para adaptarse a la normativa europea.

El Consejo de Dirección de la casa acordó a principios de julio modificar el calendario previsto para aclarar el futuro de la entidad y que tenía señaladas sus determinantes elecciones para diciembre. Adelantarlas a octubre supone que los comicios se celebren bajo los estatutos actuales y dejar para más adelante la elaboración, aprobación y presentación de los nuevos estatutos a los que obliga el marco normativo de la UE. No habrá sanción de Cultura por el retraso.

La Asamblea General con la oposición en bloque rechazó el pasado 29 de junio la gestión, las cuentas de 2017 y una primera propuesta de estatutos que permitían la reelección de Fernández Sastrón, una posibilidad que la oposición calificó como un 'madurazo' del actual mandatario. Elegido presidente de la SGAE por primera vez en abril de 2016, tras imponerse a Antonio Meliveo Mena en una ajustada votación, Sastrón superó una moción de censura en septiembre pasado, sumando 20 votos a favor de su permanencia de los 39 posibles.

Sus opositores volvieron a reclamar este martes el «cese fulminante» de Sastrón y de la dirección colegiada, por entender que es el único camino para asegurar que las próximas elecciones «sean limpias y democráticas». Entienden que si Sastrón sigue en su puesto tutelará la elegibilidad de los posibles candidatos, ejercerá presiones sobre los socios, y controlará la comunicación con la prensa, «áreas sensibles cuya absoluta imparcialidad es esencial para las futuras elecciones» según la oposición.

     

El aplazamiento a octubre hace imposible cumplir el plazo que establece el Real Decreto aprobado el pasado mes de abril que modifica la Ley de Propiedad Intelectual y según el cual las entidades de gestión de derechos como la SGAE disponían de tres meses desde su aprobación -hasta el próximo 15 de julio- para adaptar sus estatutos y presentarlos ante el departamento que dirige José Guirao, que tutela por ley a estas entidades.

Ante el aplazamiento, el ministerio ha admitido que no iniciará «por el momento» un procedimiento sancionador contra la SGAE por incumplir el plazo de aprobación de estatutos. Reitera, con todo, que sigue «con preocupación» los acontecimientos que se suceden en el Palacio de Longoria, sede de la sociedad de gestión de derechos. Se reconoce desde el departamento que dirige Guirao que la convocatoria anticipada «abre un nuevo escenario al entrar en funciones la Junta Directiva» y que eso supone no se pueden adoptar «decisiones que excedan de la gestión ordinaria de la entidad».

El ministerio insiste en que seguirá «muy atento y vigilante» para lograr «que se cumpla la legalidad en el periodo electoral y respecto a la elaboración de los nuevos Estatutos». No descarta que los técnicos de la SGAE puedan trabajar en una adaptación de los estatutos a la nueva directiva europea, de modo que tras las elecciones y una vez que tome posesión la nueva Junta directiva los valide y convoque una Asamblea para su ratificación.

De la salida de Sastrón depende también la permanencia en la SGAE de las grandes 'majors', las multinacionales de la edición musical, que amenazaron la semana pasada con retirar su repertorio internacional si no había un cambio radical en el rumbo de la entidad. Firmas como Universal, Warner, Sony, Peermusic y Kobalt, que representan casi el 60% de los derechos de radiodifusión en España de gigantes de la música como Bruce Springsteen, Rolling Stones, Lady Gaga, Radiohead, Jay-Z, Enrique Iglesias, Beyoncé, Led Zeppelin, Juanes o Buena Vista Social Club.

Desde la SGAE se relativizó la importancia de la salida «que en el caso de hacerse efectiva hace referencia a retiradas muy reducidas y con apenas efectos en la gestión de los derechos». Para el equipo de Sastrón la intención de la 'majors' es «crear una alarma innecesaria» y «un daño al trabajo que desarrolla la SGAE por y para sus socios» con una maniobra que busca «el debilitamiento de la gestión colectiva de los derechos de autor». La salida de las mal llamada 'discográficas' «dificultaría que los usuarios de derechos accedan a una licencia de explotación de obras de forma sencilla y con tarifas razonables, y a que los autores puedan recibir una compensación por el uso de sus obras».