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J. M.
Martes, 5 de septiembre 2023, 10:16
Agentes de la Policía Nacional han recuperado 37 piezas arqueológicas de gran importancia y procedentes de expolios, junto a otras 18 piezas falsas que se encontraban en el museo de una fundación privada en Figuerola del Camp, un pequeño pueblo de la provincia de ... Tarragona. En el marco de la llamada Operación Pendejo, los investigadores han detenido al director del museo como presunto responsable de delitos contra el patrimonio histórico, receptación y sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural. Se trata de Ángel Segarra, que también preside la Fundación Privada Catalana para la Arqueología Ibérica, y que ha negado a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) que su fundación haya comprado ningún material procedente de expolios.
La investigación se inició después de que en junio de 2021 fuera intervenida en el museo tarraconense una escultura de un toro de origen íbero procedente de un expolio cometido en la provincia Córdoba a finales de los años 90. Durante esta actuación, según detalla en una nota de prensa la Policía Nacional, los investigadores repararon en que en el museo de Segarra se exhibían bienes arqueológicos que por su apariencia podrían proceder igualmente de expolios arqueológicos. Estas sospechas dieron pie a la apertura de una investigación para aclarar el origen de los mismos.
Como resultado de las pesquisas policiales los agentes se incautaron por mandato judicial de un total de 55 piezas entre las que se encontraban esculturas íberas, fragmentos de un mosaico romano y otros objetos de origen celtibérico. Estos últimos fueron trasladadas a Zaragoza para su estudio por técnicos del Gobierno de Aragón, mientras que el resto fueron analizadas por expertos designados por el Ministerio de Cultura.
Entre los efectos recuperados destacan por su importancia cinco cascos; dos romanos de tipo montefortino y otros tres de origen celtibérico. Estos últimos son piezas icónicas vinculadas con el expolio de la conocida ciudad celtibérica de Aratis (Aranda del Moncayo, Zaragoza) y su entorno. Dos son cascos hispano-calcídicos, datados aproximadamente en el s.III a.C y similares a los depositados en el Museo Provincial de la capital aragonesa tras una sentencia del Tribunal Supremo. El tercer casco celtibérico, una variante única del tipo Alpanseque-Almaluez, cuya cronología se sitúa entre los siglos IV y III a.C., es también una pieza de extraordinario valor arqueológico.
Procedentes igualmente de la ciudad celtibérica de Aratis, la Policía se incautó de otras piezas de gran relevancia: discos coraza o kardiophylakes, numerosas piezas metálicas de forma tetralobulada que servían como adorno personal de los guerreros, umbos de escudo, placas de cinturón, un tahalí o cinturón de garfio y placas pectorales utilizadas con carácter ornamental. Entre estas últimas destaca una pieza calada excepcional por su rareza e integridad, ya que hasta ahora únicamente se habían hallado fragmentos mínimos de piezas similares.
La citada sentencia del Tribunal Supremo considera como un hecho probado el origen ilícito de todos los materiales vinculados con el yacimiento de Aratis y su entorno, expoliados de manera sistemática desde su hallazgo casual a finales de los años ochenta.
El nexo entre Aratis y los bienes intervenidos en el museo tarraconense se pone de manifiesto en los informes periciales redactados por los expertos, ya que se da la coincidencia de que una de las placas intervenidas por la Policía Nacional es idéntica a otra intervenida a los acusados de la referida causa. Ambas piezas fueron creadas mediante el uso de un único troquel, probablemente por un mismo artesano, dentro de un mismo lote o serie de producción.
Además de los materiales procedentes del yacimiento de Aragón, la intervención policial afecta a piezas con otros orígenes geográficos, principalmente Andalucía. Destacan cuatro fragmentos de un mosaico tardorromano que los investigadores identificaron como procedente de expolios, ya que contaban con la imagen del mosaico íntegro antes de que fuera hallado y troceado por los expoliadores para su venta en el mercado ilícito.
Igualmente se recuperaron dos esculturas íberas que, debido a su mal estado de conservación, quedaron depositadas en el museo a disposición judicial.
De las 55 piezas analizadas por los especialistas, se concluyó tras su estudio que 37 eran originales y que las otras 18 eran falsificaciones.
La investigación finalizó con la detención del responsable del museo como presunto autor de delitos contra el patrimonio histórico, receptación y sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural.
En declaraciones recogidas por la ACN, el detenido, Ángel Segarra, sostiene que en la fundación que preside no han comprado ningún material expoliador y ha apuntado que el caso quedará archivado. También ha denunciado que la actuación policial es «ilegal» porque la mayoría de piezas tiene una antigüedad de compra de más de cinco años y el delito contra el patrimonio habría prescrito.
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