Cultura estudia prohibir la reventa

Con la aprobación de todas las comunidades, el informe se trasladará a los servicios jurídicos del Ministerio para que se inicie el trámite de la ambiciosa iniciativa legislativa. Será «un marco general» y «una norma estatal de acuerdo con los contenidos del informe», reiteró el ministro, que se negó a hablar de plazos para la implantación de la nueva norma reguladora.

El informe reconoce que la normativa aplicable actualmente a las actividades de la venta telemática «resulta insuficiente, fragmentaria y confusa». Asegura además que «la legislación estatal y autonómica en materia de venta y reventa para espectáculos públicos no está concebida para un contexto en el que tales actividades se desarrollan en buena parte a través de canales telemáticos» y «presenta diversidad de enfoques regulatorios».

Entre las cuatro medidas propuestas como soluciones, la más llamativa es sin duda la que aboga por «prohibir de la reventa habitual», esto es, toda aquella que incremente el precio original de las entradas y tenga pro tanto carácter lucrativo. Es una medida que ya se ha establecido en Francia y en Bélgica, que valora implementar Irlanda y que en nuestro país sólo se aplica en Galicia. También se valoraría entre las soluciones «establecer un régimen sancionador» y «un sistema de control informático que permita asegurar la trazabilidad de las entradas».

Otra de las medidas barajadas por Cultura pasaría por «fijar un régimen de intervención administrativa», medida que sería complementaria del régimen sancionador. Igualmente se baraja la posibilidad de «imponer al promotor la obligación de emitir entradas nominativas en determinados conciertos de gran afluencia», así como «destinar a la venta al público un porcentaje significativo del aforo».

También se pretende «establecer obligaciones uniformes de información precontractual», esto es, detalles sobre el coste de la entrada y ubicación de la localidad, entre otras. Serían medidas aplicables tanto a las empresas de venta y reventa telemática y a los promotores.

José Guirao, que no quiso comprometer plazos, dijo que además será necesario la intervención del Ministerio del Interior, que hasta ahora no se había incorporado a los trabajos que ha dado lugar al informe.

Un informe que tiene ya luz verde y plantea «la hoja de ruta» para alcanzar una disposición de carácter general que debería tener rango de ley y «que no seria incompatible con las regulaciones de las Comunidades Autónomas», dijo el ministro. Reiteró que es «el primer paso de un largo camino legislativo que habrá de superar el trámite de Congreso».