Cuatro años tras la pista de los asesinos de Joseíllo en Granada

El bombo giraba y giraba frente a la atenta mirada de millones de personas, los que estaban en la sala y los que seguían el sorteo de la lotería de Navidad 2020 a través del televisor. Mientras los niños de San Ildefonso cantaban El Gordo y miles de españoles revisaban sus décimos, en Santa Fe, un pueblo de Granada, Joseíllo, como le conocía su entorno, era secuestrado. Estaba hablando por teléfono con su familia, que escuchó el forcejeo y, después, el silencio. A la mañana siguiente, una pareja de ciclistas encontró su cuerpo en la sierra de Huétor Santillán, otro municipio ubicado a unos 30 kilómetros de Santa Fe. Dio a una compleja investigación de cuatro años para resolver un caso inquietante, diferente, con tintes mafiosos.

La víctima podía tener muchos enemigos: lideraba una organización dedicada al tráfico de marihuana a gran escala. Obtenía miles de euros gracias a este negocio y cuatro guardaespaldas le protegían; era un narcotraficante de cierto nivel. La Guardia Civil estaba investigando esta banda, estrechando el cerco, planeando registros. Y, entonces, se cruzó en medio el secuestro.

La mujer de la víctima presentó una denuncia por la desaparición el mismo día 22 de diciembre. Por la tarde, la Guardia Civil activó el protocolo de secuestro. Los agentes aceleraron las pesquisas y ese mismo día registraron la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio Catanga de Santa Fe. Encontraron más de 300 kilos de marihuana, miles de euros en efectivo, 1.300 décimos para el sorteo de la lotería de Navidad y una libreta con las deudas que tenía con los cultivadores de marihuana.

Los escoltas de la víctima fueron arrestados en su día por esta causa -la del narcotráfico- al igual que su mujer, pero quedaron posteriormente en libertad. Se detuvo, en total, a más de 60 personas. Eran dos las investigaciones abiertas. Por un lado, la del tráfico de drogas. Por otro, el secuestro y asesinato, que pasó a ser una prioridad absoluta.

La Policía Judicial se trasladó al lugar del hallazgo del cadáver. Sobre el terreno, junto al forense, ya les sorprendió la forma de amordazar. Ellos, que han analizado cientos de detenciones ilegales, tenían claro que las manos maniatadas y la cinta adhesiva tapando la boca y parte de la nariz no eran propias de gente de aquí. Los análisis determinaron que había muerto el mismo día de su desaparición, según fuentes próximas a la investigación consultadas por este periódico.

Comenzaron a recabar todo tipo de pruebas. Imágenes de cámaras de seguridad, repetidores, declaraciones de testigos. Fueron claves dos agentes forestales que vieron a dos hombres junto a una furgoneta en la zona del Molinillo, pedanía de Huétor Santillán, no muy lejos de dónde apareció el cuerpo. Detectaron un bulto en la parte trasera del vehículo. Uno de los hombres salió corriendo, mientras que otro huyó en la furgoneta. Los agentes sospechaban que pudiesen ser cazadores furtivos y apuntaron el número de la matrícula, abriendo una línea de investigación con una hipótesis: ¿Y si el bulto, en vez de ser un jabalí o una cabra montesa, era el cuerpo de Joseíllo?

Tras hacerle un seguimiento, detectaron que la furgoneta había sido transferida en Lituania. En colaboración con Europol, tiraron del hilo, tal y como apuntan fuentes próximas a la investigación. Los análisis en busca de restos de sangre o ADN no fueron coincidentes con la víctima -al que llevaban embalado-, pero sí fueron positivos con respecto al de otras personas. Más adelante les serviría para confirmar sus sospechas.

Ya sabían que la víctima era narcotraficante y mandaba marihuana a muchos países de Europa; la pregunta que se hacían los investigadores era quién quería hacerle daño. Los primeros a los que tuvieron en el punto de mira fueron los cuatro escoltas de Joseíllo. Ellos conocían su ubicación, sabían que aquella mañana estaba paseando por las inmediaciones del cementerio de Santa Fe.

De nacionalidad rumana, habían sido contratados porque temía ser secuestrado, pero últimamente ya no se sentía tan inseguro, así que valoraba prescindir de sus servicios. Los guardaespaldas, que cobraban unos 4.000 euros mensuales, se quedaban sin la gallina de los huevos de oro. Según la hipótesis de los investigadores, querían darle un susto para que se diera cuenta de que los necesitaba, que no podía despedirlos. Y contrataron unos servicios externos para ello.

Aunque la orden del secuestro se dio desde Granada, diversas evidencias ubicaban a los ejecutores en Málaga. Era un grupo diferente. Tenía sentido: unos conocían bien los movimientos de Joseíllo, otros cumplirían el propósito sin hacer muchas preguntas. La reconstrucción de los hechos apunta a que fue esta banda la que se trasladó en la citada furgoneta y en otros coches que fueron abriendo vía. Capturaron a su objetivo, lo introdujeron en el vehículo y huyeron del lugar. Lo amordazaron y le taparon las vías respiratorias. La muerte se produjo por asfixia.

Los secuestradores llamaron el mismo día del rapto a la familia. «Joseíllo está aquí», dijeron, y mandaron una ubicación. La Guardia Civil realizó una exhaustiva batida en ese punto y aquella noche no lo encontraron. El cadáver apareció al día siguiente en otra zona.

Las imágenes de cámaras, los resultados de ADN, las escuchas telefónicas, el seguimiento de vehículos clave o la declaración de los testigos permitieron a la Policía Judicial de la Guardia Civil tener suficientes evidencias como para proceder a las detenciones. Los escoltas de la víctima cayeron el 25 de julio de este año en Santander, Badajoz y Huelva. Eran tres personas, puesto que el cuarto guardaespaldas había fallecido. Quedaron en libertad provisional.

Un mes y medio después, el 10 de septiembre, arrestaron en Mijas (Málaga) a tres personas como presuntos autores materiales. Dos quedaron en libertad y uno permanece en prisión provisional. Una cuarta persona de este grupo fue capturada el pasado viernes, 22 de noviembre, en Málaga. Ingresó en prisión. En total, siete detenidos, de los que solo dos están entre rejas.

El caso está aún en fase de instrucción, por lo que el juicio no está previsto, ni mucho menos, a corto plazo. Será el juez el que determine si son o no culpables y el grado de implicación de todos ellos. En cualquier caso, la labor de la Guardia Civil ha sido encomiable a lo largo de estos cuatro años de laberintos de difícil salida. Todo desde aquel día 22 de diciembre, cuando un hombre fue secuestrado mientras el sorteo de Navidad entretenía a España. Por cierto, hay algo que no ha trascendido: si alguno de los más de 1.300 décimos que guardaba en casa la víctima estaba premiado.

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