Zamora y Salamanca se desvinculan de la moción sobre la autonomía de León

Los «complicados» cauces legales que permitirían la salida de la provincia leonesa

Nacho Barrio. El leonesismo ha mantenido durante años que el Artículo 2 de la Constitución Española recoge su derecho a la autonomía. Sin embargo, según apunta Nicolás Bartolomé, abogado que ha ahondado en las posibilidades de la autonomía, este artículo «visto desde la doctrina constitucional, más que apoyar la creación de nuevas comunidades viene a garantizar la estabilidad de las existentes». Sea como fuere, la Carta Magna «no cierra el mapa autonómico», una baza para la que Nicolás Bartolomé añade que «no hace falta tocar una coma de la Constitución, porque se podría hacer a través del Estatuto de Castilla y León». Un punto que, si bien es probable desde la legalidad, «desde lo político es complicado». Según puntualiza Bartolomé, «ya se sigan las vías ordinarias del 143.2 o del 151.1 de la Constitución, o la extraordinaria del 144 c) el procedimiento concreto podría fijarse en la propia Ley Orgánica por la que se apruebe la reforma del Estatuto de Castilla y León, aunque quizá lo más lógico por la complejidad de la situación sería aprobar una norma específica.

[El artículo 143 de la Constitución abre una vía al reconocer «el derecho a la autonomía de las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes y subrayasr que «la iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas» y «a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia». Estos requisitos «deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas», según fija la Carta Magna].

En cualquier caso, y a juicio de Bartolomé «el proceso estatuyente leonés debería de continuar por los trámites previstos en el artículo 146 del texto constitucional con la elaboración del proyecto de Estatuto de la Comunidad Autónoma Leonesa por una asamblea compuesta por los diputados provinciales, los diputados y senadores de las provincias leonesas, para su ulterior remisión a las Cortes Generales para su preceptiva tramitación como Ley Orgánica».

El Estatuto de Castilla y León recoge la posibilidad de segregar provincias. Eso sí, para unirse a autonomías ya existentes. La disposición transitoria tercera mantiene que «para que un territorio o municipio que constituya un enclave perteneciente a una provincia integrada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León pueda segregarse de la misma e incorporarse a otra Comunidad Autónoma será necesaria la solicitud de segregación (formulada por todos los ayuntamientos), los informes de la provincia a la que pertenezca el territorio y el refrendo de los habitantes».

«La clave pasaría en una reforma del Estatuto de Autonomía que reflejase esto», mantiene el experto, apoyándose en el artículo 81 de la Constitución. De hecho, que esta posibilidad no se recoja no es casual. «No está previsto porque implicaría dar esperanzas al autonomismo leonés, pero se podrían alcanzar por vías legales, eso está claro»..

¿Es posible un plebiscito en nuestro ordenamiento? Sí, aunque con matices: «Hay que valorar que nuestro ordenamiento no prevé un referéndum como fórmula para iniciar un proceso autonómico, aunque sí admite el referendo de aprobación o ratificación de determinados Estatutos en la fase final de esos procedimientos legislativos». Un referéndum convocado por el presidente del Gobierno activaría la reforma del Estatuto de la comunidad, «y solo las Cortes autonómicas o la Junta podrían iniciar esa reforma», señala Bartolomé.