Vigilancia Aduanera señala a la mayor proveedora de Morchón como pantalla para dar cobertura legal al 'cambiazo' de los ataúdes

Los investigadores aseguran en su informe «no encontrar explicación» al hecho de que la funeraria Agencia Funeraria Castellana no adquiriera directamente los ataúdes a los fabricantes, sino que utilizaba como proveedor a esta firma vallisoletana, «que obedece más a la figura de un intermediario ficticio interpuesto que al de un operador real independiente». Es por ello, sostienen que, en principio, y a falta de una comprobación posterior de facturación, pagos y existencias, «puede existir entre ambos un entendimiento que facilite la ocultación del número de ataúdes adquiridos y utilizados en las cremaciones».

La investigación patrimonial fue encargada el 27 de abril del año pasado por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid, que ha dirigido la operación policial Ignis para esclarecer, como denunció un año antes un exempleado de Parque el Salvador, la supuesta sustracción sistemática de féretros antes de la incineración y la sustitución de los mismos por otros de peor calidad o, incluso, por restos incompletos o meros sudarios para la cremación de los cadáveres, así como de coronas y centros florales con el objetivo de revenderlos y obtener un beneficio económico.

Entre los proveedores de féretros de las sociedades Parque El Salvador SL y Agencia Funeraria Castellana SL destaca una sociedad, Fabricados Senovilla, el fundador de la empresa, Victorio Senovilla Sánchez, su ahora exesposa María del Carmen Bermejo Cobos y el hijo de ambos, Borja, todos ellos investigados en la operación Ignis y figuran entre la veintena de detenidos (y puestos en libertad provisional) por la supuesta estafa de los ataúdes. Entre la documentación fiscal estudiada, los investigadores fijan la atención un informe de la inspección de tributos de septiembre de 2012 en el que, tras requerir al primer titular información complementaria sobre el ejercicio de 2010, los inspectores concluyen que la facturación es demasiado elevada, dado que el titular trabaja solo, no tiene local, no subcontrata el trabajo con nadie. Centran sus sospechas de esta sobrefacturación en el mayor cliente, Agencia Funeraria Castellana, la empresa de Ignacio Morchón, que realiza más del 65% de las compras de ataúdes al grupo de Senovilla durante el periodo de 2006 a 2017. Es decir, de los más de 3,8 millones de euros en ataúdes que compró la funeraria de Morchón a una decena de empresas, unos 2,5 millones de euros los adquirió a los Senovilla, según se desprende de los pagos realizados a proveedores.

A los inspectores les sorprende el gran salto de la facturación que experimenta Senovilla entre 2008 y 2011 en relación con Funeraria Castellana, al pasar de 122.365 euros a 318.876. Se considera probada «la imposibilidad material de que, con los medios a su disposición, emita facturas con importes tan elevados», se considera que existe sobrefacturación y por ello centran la atención en Agencia Funeraria Castellana como principal receptora de las facturas de Victorio Senovilla y se propone un plan de inspección.

La actividad de Fabricados Senovilla se remonta a 1994 y hasta 2005 figura esta sociedad limitada como fabricante de ataúdes, aunque después se limita a adquirir las cajas en bruto y a realizar los acabados (barnices, adornos, herrajes). El padre se dio de alta hasta 2011, año en que es relevado por su entonces esposa hasta 2016. El hijo de ambos se dio de alta ese año para sucederles en el negocio. Según los investigadores que han analizado la información tributaria de estas personas «quien sigue estando detrás de todas estas actividades, a pesar del cambio de titulares, siempre ha sido el padre, quien tiene una muy buena relación con Agencia Funeraria Castellana». De hecho, en la información solicitada al primer titular sobre alguna de las facturas que no se justifican con un documento de ingreso, señaló que «han sido saldadas o abonadas mediante anticipos o pagos a cuenta en efectivo, entregados en persona y con total confianza, debido a que la relación comercial es fluyente y distendida». Tanto es así, que en el tanatorio de El Salvador del camino del Cementerio de Valladolid, es donde Victorino Senovilla realiza los acabados de los ataúdes, «utilizando para ello las instalaciones y el personal de la Agencia Funeraria Castellana».

Los funcionarios de Vigilancia Aduanera concluyen que para poder realizar el 'cambiazo' y a la vez dar cobertura legal «para no llegar a ser descubiertos en el caso de que se realice una comprobación 'a posteriori', necesita que en su contabilidad cuadre el número de ataúdes adquiridos a sus proveedores con el de las inhumaciones y cremaciones». Así, «necesita la intervención de un tercero que se ofrezca a proporcionar facturas de ataúdes sin levantar sospechas, pero que a su vez no le repercuta negativamente a sus declaraciones tributarias». Esas premisas, indican, apuntan a la empresa familiar de los Senovilla porque «la mayor parte de las ventas las realizan a Agencia Funeraria Castellana, existe una relación de confianza admitida y comprobada y están en el régimen de estimación objetiva de módulos, «lo que implica que es indiferente el importe de los ingresos reales de su actividad, puesto que los rendimientos se determinan en base a unos signos e índices legalmente establecidos».

Sin embargo, para los letrados de Agencia Castellana y El Salvador, es endeble esta argumentación de vigilancia aduanera sobre que el proveedor de ataúdes es una empresa ficticia. Por ello han presentado otro informe pericial en el juzgado, elaborado por un economista, con el que se pretende probar que Senovilla tiene actividad y que no existe tal sobrefacturación. En este sentido, señalan que este contrainforme demuestra la autenticidad de la relación mercantil y que la «sobrefacturación» a la que alude la policía judicial no puede traducirse en «unidades» sino en «precios». Además, este extremo del informe tributario inicial fue recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia, apostillan, «que determinó probada y real la relación entre las empresas y la existencia de una compraventa regular de ataúdes, motivo por el que finalmente los tribunales decidieron no imponer sanción alguna». Para la defensa de los Morchón, ello «es determinante, pues contradice el único elemento periférico que corroboraría la tesis acusatoria de que se cambiaron ataúdes.